Luego de que el presidente Javier Milei cuestionara la violencia de género en el Foro de Davos, entre otros dichos que generaron polémica, se conoció que desde el Gobierno Nacional trabajan en un proyecto de ley que elimine la figura del femicidio del Código Penal, las replicas no tardaron en llegar. De hecho, Mariano Cuneo Libarona, ministro de Justicia de Argentina, reiteró este viernes su intención argumentando que se contradice con el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución Nacional.
En ese contexto, desde la Asociación de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio publicaron un fuerte comunicado a través de las redes sociales, en el que criticaron los planteos que causaron revuelo. Tras entender que la violencia fue relativizada con las declaraciones de los funcionarios nacionales, se valieron de los crudos ejemplos de las víctimas sanjuaninas en manos del femicidio.
"Cada año, hay más de 300 femicidios. Quedan huérfanos más de 250 niños. Muchas de estas mujeres y sus hijos mueren en sus hogares. ¿Qué culpa pudo haber tenido Rocío Villalón con tan solo 16 años y fue brutalmente asesinada?", sentenció el comunicado y agregó: "¿O Cristiana Olivares apuñalada 160 veces?¿Qué culpa pudo haber tenido Pamela, que solo le daba de mamar a su hijo y fue degollada?".
El posteo
El proyecto de “igualdad ante la ley” es impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy. El mismo busca revertir las leyes que en las últimas décadas incluyeron medidas de protección contra la violencia de género o de discriminación positiva.
El proyecto busca eliminar la figura penal del femicidio, que se incorporó al Código Penal en 2012, penalizando con prisión perpetua el asesinato de una mujer mediando violencia de género. También modificaría aspectos de la ley Micaela, que brinda capacitación obligatoria a los funcionarios del Estado en materia de diversidad y violencia de género.
Se analiza la eliminación de todas las normas que aseguran cupos para la participación femenina, como los ingresos al empleo público y la inclusión de un 50% de mujeres en las listas electorales, así como los cupos para personas trans y personas con discapacidad.
Comparte la postura del presidente Javier Milei, quien considera al feminismo como una “distorsión” del concepto de igualdad, buscando privilegios para un grupo en detrimento de otro. También acusa al feminismo de utilizar la causa de la mujer para obtener beneficios económicos y de denigrar al hombre.
Javier Milei expresó que el feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad, argumentando que la tipificación del femicidio legaliza que la vida de una mujer vale más que la de un hombre. Sin embargo, la figura del femicidio se aplica sólo a los asesinatos de mujeres vinculados a razones de género, mayormente en el marco de relaciones de pareja y violencia machista.
