El Tribunal de Cuentas es un espacio de poder, que controla nada más y nada menos que las cuentas de la Provincia, de los 19 municipios, de las empresas del Estado y hasta del Poder Judicial. Está integrado por miembros de distintos espacios políticos y actualmente lo preside Pablo García Nieto. Aparte hay quince fiscales, de procedencia diversa. Cómo funciona el Tribunal, el mapa de relaciones de sus miembros y los jugosos salarios que reciben, al que se le suma un plus por trabajar tres horas extras –que puede representar hasta un 50% más del sueldo-.
Cuando la gestión del ex gobernador Sergio Uñac estaba por finalizar, tres históricos miembros permanentes del Tribunal se jubilaron (el presidente Isaac Abecasis, la vicepresidenta Graciela Chávez y el vocal Aldo Molina). Fue así como se abrieron vacantes claves, cargos vitalicios que fueron ocupados por el peronismo antes de que el pocitano concluyera su mandato el 10 de diciembre del 2023. Apenas 17 días antes del cierre del gobierno uñaquista, la Cámara de Diputados eligió a los reemplazantes: al peronista Pablo García Nieto como presidente, al giojista Mario Frack como vicepresidente y al ex secretario general de la Gobernación, Juan Flores, como vocal permanente.
Tras estos nombramientos, Diputados también designó a los dos vocales transitorios –cargos que se extienden por cuatro años-. El bloquista de Juntos por el Cambio, Enrique Conti y el bloquista Daniel Celedón.
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Los vocales forman parte de una especie de plana mayor dentro de la estructura. Es que cada uno tiene cuentas específicas que revisar. Por ejemplo, Celedón tiene bajo su órbita los balances de los 19 municipios, de la Defensoría del Pueblo y de Fiscalía de Estado. Para los vocales reportan los fiscales, en general 4 para cada uno, quienes pueden ser trasladados de cuenta por decisión de sus superiores. Recientemente se supo que hubo cambios. Según indicaron las fuentes, la determinación se tomó porque llevaban mucho tiempo tratando con los mismos intermediarios y la fiscalización comienza a estar teñida de cierta familiaridad.
Todas las reparticiones estatales tienen tiempo hasta el 30 de abril del 2025 para presentar las cuentas 2024. Los primeros que reciben los números son los fiscales, que son 15. Ellos son la bloquista Laura Yanzón; María Inés Coll, ex secretaria del dirigente bloquista Edgardo Sancassani; Maira Navarro; Liliana Zorrilla; Eduardo Villegas, ex director de Rentas en las gestiones de José Luis Gioja y de Sergio Uñac; Pablo Slavutzky; Gustavo Piñones; Javier Ruiz Álvarez, ex diputado peronista por Santa Lucía; Katy Letizia; Teresita Hidalgo; Eduardo Grillo, mano derecha del ex ministro de Hacienda, Aldo Molina y ex asesor contable del Hospital Rawson; Lita Bianchi; Martín Fontiveros, ex planta permanente de la Cámara de Diputados y primo hermano de García Nieto; Gabriel Guimaraes, ex asistente de Graciela Chávez y primo hermano de Emilio Baistrocchi y Eduardo Hidalgo.
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Terminada la labor de los fiscales, las cuentas pasan a los auditores, quienes tienen entre 90 y 120 días para verificar lo observado por los fiscales como así también ir al terreno y pedir toda la documentación que consideren de trascendencia para que los balances estén más completos. Los auditores elaboran un informe y se lo pasan nuevamente a los fiscales, quienes arman un dictamen, que es revisado por los abogados que forman parte de la Secretaría Letrada. Los profesionales del derecho tienen la misión de analizar los balances, si cumplen con la ley, corren traslado a los vocales, quienes son los que tienen la última palabra.
Los cinco miembros jerárquicos del Tribunal votan y deciden si todo está aprobado, si se hacen recomendaciones (por ejemplo, que hagan inventarios más seguido) o si se elaboran cargos, que es lo más complicado. Los observados tienen la potestad de completar la documentación que falta, de mostrar los bienes que han sido adquiridos –pero por distintas razones no siguiendo el procedimiento que determina la normativa vigente-.
Si las observaciones no pueden ser justificadas y hay un daño demostrado al patrimonio del Estado, los funcionarios sobre los cuales pesa la responsabilidad del daño tienen la posibilidad de responder reparando ese daño con su propio patrimonio. Se deposita el dinero en una cuenta armada especialmente para esto. En caso de que consideren que el procedimiento ha sido injusto, pueden apelar a la Corte de Justicia. Algunas fuentes consultadas hicieron reparos al respecto porque el presidente del Tribunal de Cuentas tiene una hermana cortista, Adriana García Nieto –quién podría apartarse llegado el caso-.
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En lo que va de la nueva plana mayor, han sido observadas las cuentas de la municipalidad de la Capital mientras era gobernada por Emilio Baistrocchi. El ex primer mandatario dijo públicamente que se trataba de una persecución, que las observaciones llegaron después de que rompió con el peronismo tradicional. Promete llegar hasta las últimas consecuencias jurídicas. La otra cuenta señalada es la de Chimbas cuando Fabián Gramajo era el intendente.
Los sueldos de los miembros jerárquicos del Tribunal de Cuentas son muy altos. Van de los 10 millones de pesos para los cargos más altos a los 3 millones de pesos para los fiscales. A estos sueldos se les suma un jugoso plus que se llama “bono por plus horario”. Se trata de una compensación que llega a elevar los salarios hasta un 50%.
¿Quién controla al Tribunal de Cuentas? Todas las fuentes informaron que se auditan a sí mismos, una deficiencia que se pretende corregir. Es más, legisladores consultados adelantaron que están trabajando en una normativa para que sean fiscalizados con mayor independencia.
