Que se le asignaron a la Universidad Nacional de San Juan $83.600 millones para el año cuando solicitó $107.000 millones no es una novedad, como tampoco el tire y afloje por los fondos para gastos de funcionamiento que terminaron con un recorte del 30% según informó el secretario Administrativo financiero de la UNSJ, Ricardo Coca. A las preocupaciones presupuestarias que se viven puertas adentro de la institución, se le suma una nueva y es la posibilidad de que las universidades sean provincializadas, algo que no se descarta y que no sería ilógico dentro del esquema de La Libertad Avanza.
El presidente Javier Milei puso el ojo en el manejo de las universidades públicas desde la campaña, previo a su llegada a la Casa Rosada. Se habló hasta de privatizaciones, lo que después fue descartado públicamente. Lo cierto es que, en la seguidilla de tensiones entre la academia y el gobierno libertario, el año pasado la situación escaló y el desfinanciamiento de las universidades públicas pasó a ser el motivo que unió a distintos estratos sociales y generó la primera gran manifestación en contra de una decisión de gobierno. La Libertad Avanza tuvo que negociar y en ese ida y vuelta, las conducciones universitarias se dividieron y algunas consiguieron más recursos que otras, como fue el caso de la UBA, comandada por Ricardo Gelpi y el radical Emiliano Yacobitti.
Después de la manifestación masiva, que tuvo células activas en todas las provincias, hubo un incremento de los gastos de funcionamiento, que le permitieron a la UNSJ brindar servicios –con tropezones- pero brindarlos de acuerdo a las necesidades que fueron surgiendo, entre ellas el incremento de los servicios y del combustible.
Pero a la preocupación por el presupuesto, se le suma otra mucho más poderosa, porque implicaría un cambio rotundo dentro del manejo interno de las universidades. En la UNSJ creen que, si el presidente Milei logra un fuerte respaldo en las urnas, la provincialización es una posibilidad. Es más, se deslizó el tema en un encuentro con funcionarios de la órbita del secretario de Educación, Carlos Torrendell. Tiempo de San Juan les consultó a fuentes de LLA de San Juan sobre el tema e indicaron en forma coincidente y contundente que “está en estudio”.
El armado de un proyecto de ley para provincializar a las universidades se conoció en octubre del 2024, incluso fueron varios los medios de comunicación nacionales que tomaron el tema, que poco a poco se fue diluyendo de la agenda pública.
Pasar el manejo de las universidades a las provincias no es simple, implica aprobación de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación y también de las legislaturas provinciales. Es una articulación compleja, cuyas pautas están estipuladas por ley.
De acuerdo con el artículo 2º de la Ley N.º 24.521 de Educación Superior, “el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales”, así como también del control de las privadas. Los distritos, en tanto, hoy por hoy están obligados a mantener “los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales, si las tuviere, de su respectiva jurisdicción”. Por lo tanto, si se intentara avanzar con esta medida, estaría obligado a contar con el beneplácito legislativo y también de entregar los recursos financieros para el funcionamiento de los establecimientos educativos.
¿Cuáles serían los efectos si las universidades se provincializan? Según indicaron desde la UNSJ, “no hay manera que las provincias puedan solventar las universidades. Además de perder todo el sentido nacional, es la condena de quienes nazcan en provincias pobres. No es lo mismo para CABA, con el mayor presupuesto y recaudación que para Jujuy. Además, los sobrepasados ministerios de Educación de las provincias no tienen estructura para poder administrar universidades que además son autónomas, con un sistema de cogobierno, consejos e institutos. Es muy complejo. Se rompe el sistema universitario nacional, que es ejemplo en toda América Latina. En definitiva: es la destrucción definitiva de la educación pública”.
En la historia reciente del país, hay antecedentes de provincializaciones. La educación primaria y parte del sistema de salud fueron delegados a los gobiernos provinciales en los ’70, mientras que el menemismo completó la tarea en los ’90 con el paso de las escuelas secundarias y los hospitales. Entre tanto, la seguridad social fue transferida de las provincias al Estado nacional (jubilaciones y pensiones).
Durante el gobierno de Milei se produjeron una serie de transferencias de responsabilidades a los territorios provinciales. Desde programas de salud, a subsidios al transporte público de pasajeros hasta ítems salariales de los docentes dejaron de ser financiados por la Nación y pasaron a ser sostenidos íntegramente con recursos locales. A esto se le suma la obra pública, que dejó de contar con el aval financiero nacional y depende exclusivamente de la riqueza, la administración y el dinero con el que cuentan las Provincias para sostenerla.
Desde el gobierno de Marcelo Orrego respondieron en off. Dijeron que un traspaso sería el "traspaso de un problema" pero que no lo ven posible a priori. Además ante una provincialización de las universidades, "no habría aceptación" local en la Cámara, según anticiparon.
