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SUSCRIBITESe estima que el nuevo DNU que se publicará en los próximos días eliminará y fusionará una gran cantidad de organismos. En San Juan hay incertidumbre y falta de información oficial.
Hasta el momento, según trascendidos, alrededor de 50 organismos del Estado nacional serán eliminados o se fusionarán cuando se publique el nuevo DNU del Ministerio de Desregulación y Transformación. Si bien el propósito es seguir achicando el gasto del Estado, esto también pone en jaque puestos de trabajos. En San Juan, la falta de información oficial sobre el futuro de los organismos genera incertidumbre.
De acuerdo a los números actuales, hay 40 organismos desconcentrados entre agencias y comisiones; 71 organismos descentralizados, como institutos y administraciones; y 63 entes del sector público nacional, entre los que se encuentran empresas como Banco Nación y Correo Argentino. Hasta el momento, solo se conoce que serán cerca de 50 las áreas que van a desaparecer con el nuevo DNU impulsado por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
En San Juan, algunas autoridades de estos organismos en la mira manifestaron su preocupación, mientras que otros prefirieron el silencio al no contar con información oficial sobre el futuro de los espacios que coordinan.
Mónica Ruiz, titular del INTA San Juan, uno de los organismos que forma parte de la lista negra, comentó que solo saben lo que publicaron diversos medios. “Oficialmente no nos han comunicado absolutamente nada de parte del Gobierno nacional”, señaló. Cabe remarcar que en la provincia hay 120 personas trabajando para la dependencia.
Por su parte desde Conicet, otro de los organismos que figuraba en uno de los listados de los espacios a eliminar/fusionar, destacaron que se trata de temas sensibles para la comunidad científica, por lo que prefieren manejarse con prudencia hasta contar con información oficial. Es por ello que esperarán desde San Juan el resultado de la reunión del Consejo Directivo que se llevará a cabo la próxima semana.
En San Juan, entre empleados administrativos, investigadores y becarios, se calculan alrededor de 400 personas que trabajan bajo el organismo. En caso de eliminarse, fusionarse o pasar su administración a las provincias, estos puestos laborales podrían verse afectados.
Cabe destacar que hay otros organismos que, si bien a nivel nacional continúan vigentes, las delegaciones provinciales bajaron sus persianas hace un tiempo. Un ejemplo de ello es el Enacom, intervenido desde enero del 2024 a cargo de Juan Martín Ozores. En San Juan, el Ente Nacional de Telecomunicaciones dejó de funcionar desde abril del año pasado, dejando unas 13 personas en la calle, ya que solo uno de ellos era planta permanente.
Desde el resto de los organismos con delegaciones en la provincia no se han expresado al respecto. Entre ellos reina la cautela a la espera de los detalles del DNU 70/2025 que según trascendidos nacionales, se publicaría antes del fin de semana.
En total se habla de unos 50 espacios estatales en los que detectaron funciones duplicadas y obsoletas. Si bien no se conocen los pormenores del DNU, si trascendieron cuáles serían los organismos alcanzados.
Según precisó Infobae, los organismos alcanzados por la medida serían:
Gabinete: Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPIDTI); el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP); la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD), entre otros.
Ministerio de Capital Humano: Biblioteca Nacional Dr. Mariano Moreno (BNMM); el Instituto Nacional J.D. Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); el Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT UNC); la Radio de la Universidad Nacional del Litoral LT10 UNL y la plataforma Educ.ar S.E.
Ministerio de Defensa: Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA); Tandanor S.A.C.I.Y.N.; la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín S.A. (FADEA); la Construcción de Viviendas para la Armada (COVIARA); la Corporación Interestadual Pulmarí y Fabricaciones Militares S.A.U., por nombrar algunas.
Ministerio de Economía: Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN); el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE); el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS); el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y los institutos de la Propiedad Industrial (INPI), de Tecnología Industrial (INTI), de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), de Semillas (INASE), de Tecnología Agropecuaria (INTA), de Vitivinicultura (INV) y del Agua (INA).
Ministerios de Justicia y Salud: Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH); la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), además de hospitales y los institutos Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y del Cáncer (INC).
Transporte: Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC); la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV); la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT); la Dirección Nacional de Vialidad (DNV); la Junta de Seguridad en el Transporte (JST); el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y las Comisiones Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná y Técnica Mixta de Salto Grande.
Por medio del Decreto 55/2025 publicado en el Boletín Oficial el 3 de febrero se conoció la disolución del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC). De acuerdo a la aclaración de la Secretaría de Comercio, el organismo “duplicaba funciones y tenía bajos niveles de eficiencia: el año pasado sólo resolvió el 28% de los reclamos ingresados. Con esta decisión, los consumidores podrán resolver sus reclamos vía web de manera más rápida y eficaz. Además, el Estado ahorrará $650 millones anuales”.
Ante esto, Fabiana Carrizo, titular de Defensa al Consumidor en San Juan, aseguró que la decisión nacional no afecta a la provincia, ya que San Juan no contaba con una repartición de este organismo.
“Siempre se manejó todo desde Defensa al Consumidor, el COPREC era una instancia conciliatoria aparte, para la simplicidad de algunos casos según decían. En San Juan no lo teníamos, por lo que en la provincia no genera una pérdida importante”, aseguró.
De acuerdo a lo precisado por la funcionaria, este organismo buscaba simplificar la etapa de conciliación en ligares donde se recibía mayor caudal de renuncia, como en Buenos Aires, por ejemplo, pero al existir Defensa al Consumidor, no tenía mucho sentido continuar sosteniendo ambos espacios.
Ese es el argumento en el que se basa el gobierno de Javier Milei para achicar los gastos del Estado, en medio del ajuste denominado “Plan Motosierra”, anunciado durante la campaña e implementado desde diciembre del 2024, a días de haber asumido.