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SUSCRIBITETiempo de San Juan habló con uno de los abogados de los ex dueños del complejo expropiado, que reclaman una deuda millonaria a la Municipalidad de Rawson, y realizó las primeras apreciaciones sobre el dictamen. Qué dijo.
Después de que se conociera la sentencia de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que ordenó que se realice una nueva tasación del complejo La Superiora tras su expropiación, uno de los abogados que representa a los ex propietarios del lugar habló con Tiempo de San Juan y dejó entrever que el dictamen no sería visto con malos ojos, pese a la resistencia que prestaron en un principio.
Es que la decisión de la autoridad implica, para la parte que le reclama una deuda millonaria a la Municipalidad de Rawson, la actualización del monto que se adeuda y que esperan recibir como complemento de la indemnización por la expropiación. Roberto Agustín Gómez indicó que todavía no pudo analizar en profundidad el fallo junto a su colega Martín Turcumán y que, por ello, no podía hacer consideraciones concretas.
El letrado explicó que aún debe reunirse con sus cliente para definir los pasos a seguir como consecuencia de la resolución que obliga a que la causa vuelva a "foja cero" y baje a un nuevo juzgado de primera instancia. El juez, que todavía no fue sorteado, recibirá el expediente y, con el apoyo del Tribunal de Tasaciones, tendrá que determinar el valor real y actual del inmueble que fue tasado en 2023 por orden de la Corte de Justicia.
Sin embargo, dejó la puerta abierta a las especulaciones de lo que podría suceder y las mismas se vinculan a acatar la decisión del tribunal, ya que resultarían beneficiados. "No nos hace mella que se vuelva a tasar el inmueble, sería una actualización. Aún con todos los peritos de parte, efectivamente, no tendríamos problemas que se vuelva a hacer una tasación", sostuvo.
En uno de los pasajes del pronunciamiento de la Cámara, los jueces María Josefina Nacif, Juan Carlos Pérez y Juan Jesús Romero le ordenaron a los litigantes Gómez y Turcumán que “se abstengan de repetir conductas por demás reprochables”. Es por eso que tras ser consultado por ello, el abogado manifestó: "Ni yo lo entiendo, sinceramente, porque lo único que hacemos es hacer referencia a lo que dijo la Corte (de Justicia) le dijo a la Cámara. Entonces no sé, específicamente, a qué se refiere. Cuando se dice que la Cámara actúa de forma sesgada es porque así lo definió el fallo de la Corte".
El municipio que conduce Carlos Munisaga tenía decidido ir a la Corte de Justicia, si la resolución era contraria a sus intereses. No obstante, el resultado favorable y la posible aceptación de los empresarios, que fijarán un posicionamiento en los próximos días, hacen pensar que estaría todo encaminado para una segunda tasación del complejo cultural y deportivo de los rawsinos. Es por ello que será clave el accionar de los ex dueños del sitio, quienes también podrían acudir del máximo tribunal de Justicia.
La disputa por la expropiación de La Superiora comenzó en 2012, durante la gestión del intendente Juan Carlos Gioja. En aquel momento, el Tribunal de Tasaciones valuó el predio en 6.800.000 pesos. El jefe comunal ya había pagado 5.000.000 pesos de indemnización a los propietarios -tras la declaración de utilidad pública del lugar- y se había comprometido a pagar un poco más de un millón de pesos, el equivalente al 15% restante del total. Como nunca se saldó la deuda, todo terminó en una disputa judicial.
Tanto el municipio como los ex dueños -entre los cuales se encuentra el empresario Matías Pallito- apelaron y el caso llegó a la Corte de Justicia, que ordenó la nueva tasación, a principios del 2023. Esta nueva valuación aumentó el valor del inmueble a casi 1.500 millones de pesos y, en efecto, se elevó la deuda a 370 millones de pesos, incluyendo intereses.
Aunque la administración municipal anterior (de Rubén García) no cuestionó ni el fallo de la Corte ni la nueva tasación, la actual conducción de Munisaga solicitó la nulidad del proceso. La Sala IV de la Cámara Civil accedió a analizar el planteo, suspendiendo la ejecución de la sentencia hasta tomar una decisión definitiva.
Esta postura fue calificada por Cuyo Inversiones -la empresa de Pallito y sus asociados- como un "escándalo jurídico", dado que Rawson no se opuso al nuevo valor de la tasación en su momento, y ahora intentaba impugnarlo seis meses después bajo el argumento de que era una nueva administración municipal. Denunció que la Cámara aceptó tratar una queja “extemporánea” retrasando aún más la resolución del conflicto que ya lleva 12 años sin resultados.
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