Todavía no está la autorización final de la Santa Sede para que el Arzobispado venda el terreno ubicado en avenida Ignacio de la Roza y Entre Ríos, un lote en el corazón del centro sanjuanino de más de 3.000 metros cuadrados. Trascendió que la operación comercial está muy avanzada y que el grupo ECIPSA desembolsaría 4 millones de dólares para quedarse con la propiedad. Surgieron versiones que indican que el Arzobispado invertiría el dinero en dos tipos de acciones, lo que despertó críticas del ex contador de la Iglesia Católica, Miguel Martín Martín como así también hizo observaciones por el monto de la transacción.
En diciembre pasado, el Arzobispado convocó a sacerdotes a participar de una reunión en la sede de calle Mitre. En ese encuentro se informó la intención de vender el lote céntrico, alquilado por una playa de estacionamiento y por el kiosco Mitre. Argumentaron que las cuentas de la Iglesia no estaban atravesando su mejor momento. Allí hubo opiniones encontradas de los sacerdotes, algunos de los cuales mostraron su oposición. Lo mismo, la mayoría se inclinó por vender y la operación comercial avanzó. Se supo que serían 4 millones de dólares lo que pondría ECIPSA para quedarse con el codiciado lote.
¿Qué hará el Arzobispado con los millones? Hasta ahora, trascendió que sería destinado a inversiones en la Bolsa, principalmente en acciones seguras con una rentabilidad baja y en menor medida, en otras acciones de más riesgo, que prometen una ganancia mayor.
El ex contador de la institución, Miguel Martín Martín, lanzó filosas críticas al probable destino de los recursos. Según dijo, con la compra de acciones y bonos a la Iglesia Católica no le ha ido muy bien en el pasado. El profesional se refirió a los 223.151 dólares que el Arzobispado perdió por caer en una estafa con bonos que involucró al famosísimo Bernie Madoff. La fallida operación implicó la compra de bonos, que cayeron en el megafraude global encabezado por Madoff, quien estuvo preso desde el 2008 hasta el 2021, cuando falleció.
Lo otro que generó críticas de Martín Martín fue el monto del dinero al que se vendería el terreno. Para el contador es poco debido a la ubicación del inmueble y dijo que sería mejor “venderlo por metro cuadrado de construcción” y no por metros lineales. “Una propiedad de este tipo se vende por metro cuadrado de construcción porque los inversionistas pueden hacer varios pisos y hasta hacer dos subsuelos”, añadió.
En los planes de ECIPSA estaría hacer una galería comercial como así también departamentos y un estacionamiento subterráneo.
Tiempo de San Juan consultó al Arzobispado sobre el tema. Fuentes del entorno indicaron que “no se ha producido la venta, si hay conversaciones sobre el tema, pero es un proceso muy complejo que tiene como última aprobación el ok de la Santa Sede, y eso no ha llegado aun así que no está confirmado nada aún”. Al mismo tiempo, informaron que por ahora no habrá conferencia de prensa ni notas porque no es prudente hacerlo.
La Iglesia Católica de San Juan tiene cuatro fuentes principales de financiamiento –una de ellas, creada recientemente-. Por un lado, los subsidios nacionales establecidos en la Constitución Nacional (que son cada vez menos después de una decisión del Vaticano, tomada por el Papa Francisco en el 2018). A esto se le suman los aportes de los fieles y los que hacen los colegios confesionales –determinación reciente del Arzobispado-. Por último, están los alquileres de los bienes que controla la Iglesia, entre ellos departamentos en el edificio que supo construir el Banco San Juan, la dependencia al lado de la Catedral en la que hay una santería y del terreno de avenida Ignacio de la Roza en cuestión.
Tras la salida de Monseñor Ítalo Severino Di Stefano en mayo del 2000, el Arzobispado tenía un plazo fijo en la sede del banco Santander Río en Nueva York de 685.000 dólares y 1.300.000 dólares en efectivo en la misma sede eclesial. Lo que pasó con los fondos en efectivo, no se sabe en detalle, pero sí lo que sucedió con los fondos que estaban guardados en Estados Unidos tras un escándalo que llegó a la Justicia.
La estabilidad económica de la iglesia con más fieles de San Juan se vio afectada por una denuncia que llegó hasta a los portales informativos. En febrero de 2016 el entonces arzobispo de San Juan, Alfonso Delgado, formalizó una denuncia penal por irregularidades detectadas en la administración del Arzobispado con faltantes de dinero, contra dos empleados: el contador Juan Brozina y el tesorero Darío Tapia (fallecido).
Fue un verdadero escándalo que se profundizó cuando Brozina denunció al Arzobispado por el desvío de fondos para pagar cuestiones personales de los sacerdotes. En este cruce de graves denuncias, en lo Penal se generaron dos causas: una en la Justicia Federal y otra en la Justicia Provincial. En la causa iniciada en el Cuarto Juzgado de Instrucción, las imputaciones contra Monseñor Delgado fueron archivadas por inexistencia de delito. La causa por lavado de dinero en la Justicia Federal también fue archivada por no constituir delito los hechos denunciados por Brozina. En conclusión, mientras Delgado fue desvinculado de toda acusación. Brozina y Tapia solicitaron y les fue concedida la suspensión del juicio a prueba.
A las presentaciones judiciales en sede penal, se le sumó una acción civil para que Brozina repare los daños y reintegre 10 millones de pesos, pero no hay información sobre si finalmente se efectivizó este reintegro.
De esos más de 600.000 dólares que Di Stéfano colocó en el exterior, se terminaron perdiendo también 223.151 dólares en la estafa Madoff. Atraídos por el atractivo de altas rentabilidades y la espalda de Madoff, cientos de fondos especulativos mundiales pusieron sus inversiones en manos de la burbuja financiera que construyó este gurú de las finanzas. El Santander Internacional armó el Optimal Strategic US Equity, para suscribir los bonos que manejaba Madoff y Bernard L. Madoff Investements Securities LLC (BMIC) y el Arzobispado cayó y terminó perdiendo según un informe elaborado por ellos mismos.
A ambas pérdidas, se le sumó otra por el pago de 200.000 dólares en concepto de honorarios al abogado Rodolfo Nale. El letrado fue quien llevó adelante un reclamo administrativo judicial que involucró al Arzobispado, a la Municipalidad de la Capital y al terreno que está próximo a ser vendido.
