San Juan se convirtió, en abril del 2024, en una de las primeras provincias en reactivar la obra pública en toda la Argentina luego de que el presidente Javier Milei anunciase el cese total de las inversiones estatales en este caso. Fue de esta manera que la gestión de Marcelo Orrego logró entregar el año pasado más de 1.000 viviendas. Pero desde el sector de la construcción admiten que la inversión con fondos provinciales no es suficiente para cubrir con la demanda habitacional local y que hace falta lograr el acceso de la llamada “clase media” a viviendas. Por esto es que el Gobierno local, el nacional y las empresas trabajan de proyectos para impulsar la construcción de casas con participación público-privada.
En la última asamblea ordinaria del Consejo Nacional de Vivienda, en octubre del año pasado, el secretario de Vivienda y Hábitat, Rodrigo Aybar, indicó que el plan de Milei es que los créditos hipotecarios sean cada vez más accesibles y lleguen a cada vez más gente. “Claramente la solución no pasa por un Estado nacional construyendo viviendas, sino un Estado generando las condiciones necesarias, tanto macroeconómicas como de crédito y demás, para que justamente aquel que quiera y pueda hacer su vivienda”, dijo en ese momento.
Haciéndose eco de esta situación, la Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan (Caemco) cuenta con un proyecto clave para desarrollar este tipo de financiamiento. Según comentó el presidente de la institución, Miguel Gili, el plan ya fue presentado al Gobierno de San Juan y esperan los avances de una planificación conjunta.
El proyecto consta que el Gobierno pase a ser una especie de “garante” de los créditos hipotecarios de los sanjuaninos. Para esto, se propone la utilización del dinero del Fondo Nacional de Viviendas (Fo.Na.Vi), que para San Juan será de aproximadamente $30.000 millones en este 2025, y que a medida que este monto se vaya liberando por el pago de las hipotecas, se utilice para construir viviendas sociales.
De esta manera no se dejará de construir viviendas sociales y también habrá opciones para familias con ingresos que puedan soportar cuotas de mayor precio. Algo que, con la caída del Procrear, no había podido sostenerse.
“Esperamos que dentro de siete u ocho meses podamos estar empezando los primeros proyectos. San Juan necesita una legislación, porque tenemos legislaciones que abarcan los créditos hipotecarios, pero son antiguas y no incluyen la participación del Estado”, dijo Gili al respecto. “Esperamos que dentro de siete u ocho meses podamos estar empezando los primeros proyectos. San Juan necesita una legislación, porque tenemos legislaciones que abarcan los créditos hipotecarios, pero son antiguas y no incluyen la participación del Estado”, dijo Gili al respecto.
En este sentido, desde la Cámara Argentina de la Construcción Seccional San Juan (Camarco), indicaron que están trabajando en un proyecto de participación público privada junto con el Gobierno provincial y que seguramente se dará a conocer a fines de enero o principios de febrero.
Los créditos hipotecarios que pican en punta
Si bien hay muchas opciones de créditos, la línea que lanzó el Banco Nación es una de las que más se habla. La entidad tiene opciones tanto para la demanda (créditos hipotecarios) como para la oferta, es decir, para las empresas.
La entidad lanzó una línea de crédito para desarrollos inmobiliarios. El objetivo de la misma es financiar en un 100% la totalidad de la inversión, a 72 meses de plazo y una tasa de interés BADLAR + 4 p.p. TNA.
Una provincia ya cuenta con una ley que incentiva la construcción con participación público-privada
En noviembre pasado, Jujuy aprobó la ley N° 6426, que crea un Plan de Fomento a la Actividad Económica para la Construcción de viviendas, oficinas y locales comerciales mediante un esquema público-privado. Esta iniciativa, impulsada por el gobernador y el Ejecutivo provincial, busca reactivar la industria de la construcción y promover el desarrollo urbano en la provincia.
El plan propone una colaboración entre el sector privado y el Estado, que brindará una garantía para facilitar el acceso al financiamiento de los proyectos inmobiliarios. Esta medida permitirá a los desarrolladores asumir menores riesgos y contar con respaldo económico para llevar adelante sus obras.
