El gran problema en el Penal de Chimbas es que con 1.800 almas dentro, está sobrepoblado. Hace años que las autoridades de San Juan enfrentan ese dilema, por eso se encaró durante la gestión de Sergio Uñac la idea de hacer un edificio muy costoso en Ullum que descomprimiría la cárcel chimbera. Pero quedó casi en la nada, apenas empezado, sin financiamiento nacional que aportaba la mitad de los fondos. Ahora, la mirada cambió y Marcelo Orrego prefirió priorizar los arreglos en el complejo ubicado en calle Benavídez antes que insistir con el super emprendimiento situado en Matagusanos. Esa es una de las claves del manejo de los presos locales. También se trabaja no solo en lo edilicio: se prevé que algunos internos salgan a trabajar y no se descarta privatizar la cárcel. La estrategia general la explicó el director del Servicio Penitenciario Provincial, Enrique Delgado.
En lo que respecta a infraestructura la cuenta es sencilla: hay lugar para 850 con lo que hay mil presos "de más" en Chimbas. El funcionario sostuvo, en diálogo con Radio Sarmiento días atrás sobre el plan de hacer una nueva cárcel que "esta solución está hoy paralizada en el terreno, a nivel constructivo. A nivel administrativo sigue en trámite, ya se han concluido con todos los pasos administrativos, de análisis, de sugerencia por parte del Servicio Penitenciario. A nivel contractual también ya ha pasado, creo que hoy está en un visado legal". No obstante, develó que la realización "siempre va a depender de la posibilidad financiera".
La construcción del Penal de Ullum comenzó el 1 de septiembre de 2020 cuando Uñac, firmó el convenio para el inicio de la obra con el consorcio de empresas liderado por la sanjuanina CICON. El proyecto había sido licitado en 2018. Sin embargo, diversos inconvenientes provocaron demoras en la obra, que incluso sufrió cambios en el diseño. En octubre de 2022, se estimaba que podría finalizar en 2026 y se alcanzaron a hacer algunas nivelaciones de terreno y cierre perimetral, pero este megaedificio solo avanzó un 10%. Se paralizó en agosto de 2023, en la gestión anterior, según declaró Delgado.
Delgado aseguró que "hoy, administrativamente, ese proyecto sigue caminando, pero en la práctica está paralizado". Y opinó que "yo creo que lo más lógico es lo que está haciendo el señor gobernador, atendiendo a la problemática, porque tiene conocimiento total de la problemática penitenciaria y por eso tomó la decisión de terminar en forma urgente el sector 5 (dentro del Penal de Chimbas)".
Este nuevo sector está, según los plazos oficiales, a dos meses de terminarse. Y ya está dada la orden del gobernador de iniciar el sector 6 y un centro de monitoreo. Con estas mejoras al Penal existente, Delgado estimó que "yo creo que vamos a estar muy cerca de dar soluciones a lo que exige la ley de ejecución penal".
La obra del sector 5 ofrece una capacidad para 236 personas, que estará disponible desde abril en Chimbas.
Pero hay más en el abordaje. A la par, dijo el Director, "vamos a buscar también las alternativas a través de la tecnología para dar solución al problema habitacional del Servicio Penitenciario. Por eso también el gobernador mencionó un centro monitoreo para ver y analizar el tema de las penas cortas. Ese sería un tema que tiene que resolver no solamente el Ejecutivo, el Ejecutivo va hacia el tema de un centro monitoreo, pero también necesitamos la colaboración de la parte judicial y la parte legislativa para llevar a cabo y darle una solución a las penas cortas. Una sería a través de la prisión domiciliaria. Y también el control de las libertades condicionales y de las salidas transitorias. Todo esto a través del uso de la tecnología".
¿Cárcel manejada por privados?
Delgado aseguró que ven con buenos ojos la posibilidad de que la cárcel sea de administración privada. Para dar una idea, el Estado paga hoy $8.000 pesos por día en el desayuno, el almuerzo y la cena de cada interno, según los datos que dio el funcionario.
"Yo creo que es factible, eso lo apenas asumimos desde la gestión del señor gobernador, se puso en la mesa como una de las posibilidades para solucionar el problema habitacional del servicio penitenciario de la provincia. Es totalmente factible, hoy día, por ejemplo, una de las partes que está privatizada es la comida. Entonces, si hablamos de una privatización, ya hablaríamos de todos los servicios, excepto lo que es la seguridad y la parte tratamental. Todo el resto sería manejado por la parte privada", afirmó.
Sobre cómo funcionaría este esquema, habló de dos variantes posibles. Una, dijo, es "la más común y simple es un privado que construye una cárcel, construye una cárcel, maneja todos los servicios, recibe un canon mensual por interno y lo único que no haría sería la parte de seguridad y la parte tratamental".
Otra variante sería, según expresó, que el privado haga una cárcel con toda la parte de talleres de acuerdo a las necesidades -que ese estudio de mercado tiene que hacer el privado- y que los presos trabajen en esos talleres y se produzca y se haga una comercialización de lo producido y con eso tratar de llegar a lo que cuesta el canon mensual que tiene que pagar la empresa.
Presos a trabajar en la calle
No solo consideran posible en el Gobierno de San Juan sacar a los presos a trabajar fuera de la cárcel, sino que también informó el director del SP que vienen trabajando en un plan en ese sentido. Esto se considera para los internos que cumplan ciertos requerimientos y que accedan voluntariamente.
"Es totalmente posible y se está trabajando en ello porque sobre lo que es de materia penitenciaria, administrativa, intramuros, es competencia del director del Servicio Penitenciario, pero lo que es extramuros, necesitamos la autorización de los jueces de ejecución penal. Entonces, hoy en día estamos trabajando en la elaboración de un programa para que sea continuo en el tiempo, para llevar a cabo que personas que califiquen realicen trabajo extramuros", remarcó.
Aseguró que se puede empezar la experiencia por el perímetro del servicio penitenciario, "tanto en la calle Martín Fierro como en la calle Benavidez". Y luego, "en cada municipio que requiera este tipo de programa, que se aplique en su municipio, estudiarlo, ver qué tipo de internos califican y pedir las autorizaciones correspondientes al juez de ejecución, quien es el que debe autorizar y ejecutarlo. Yo creo que en un corto plazo, en la provincia de San Juan, vamos a tener novedades al respecto", adelantó.
Explicó también que "acá los internos trabajan mínimo en todo lo que es el mantenimiento de sus sectores. Acá, por ejemplo, si vos preguntás si hay un servicio de limpieza, no, no hay servicio de limpieza. ¿Quién limpia el servicio penitenciario? Acá hay 1.800 personas que están privadas de libertad, y tenemos 1.400 personas que trabajan. Entonces, tenemos cuatro sectores y un sector cinco a inaugurar. Tenemos el sector administrativo, tenemos el sector de sanidad, la parte de seguridad, la parte de ordenamiento tecnológico, la parte de infraestructura. Y todo eso se mantiene limpio. ¿Quién lo organiza? Las personas que están privadas de libertad. O sea, que acá el interno trabaja", concluyó.
