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SUSCRIBITESi bien Sebastián Dávila ya había participado en audiencias anteriores, cuando era fiscal de Estado adjunto, ahora lo hará desde la titularidad de la Fiscalía de Estado, tras haber sido designado por la Cámara de Diputados en octubre. Qué intervención tendrá el hombre que defiende los intereses patrimoniales de la Provincia.
Este próximo viernes está previsto que culminen los alegatos de la parte querellante en el juicio por expropiaciones y, según indicaron fuentes allegadas, quien pedirá las penas para los imputados será el nuevo Fiscal de Estado Sebastián Dávila, quien se estrenará en el cargo tras haber sido designado por la Cámara de Diputados.
Si bien Dávila ya había participado en el debate, lo hizo como fiscal adjunto a principios de este 2024. Es por ello que, por primera vez al frente de la Fiscalía de Estado, el hombre que defiende los intereses patrimoniales de la Provincia se dirigirá ante el tribunal colegiado que preside el juicio y le solicitará cuáles deberían ser las condenas para los imputados, encabezados por Santiago Graffigna.
Curiosamente, a lo largo de la causa que inició 14 años atrás, cuando el Gobierno de San Juan denunció las maniobras ilícitas en 2010, pasaron tres Fiscales de Estado. En el proceso de instrucción quien participó fue Guillermo De Sanctis, hasta su renuncia al cargo para formar parte de la Corte de Justicia.
Luego, en 2017, quien continuó con la querella en la mega causa de expropiaciones fue el Fiscal de Estado Jorge Alvo, que no sólo intervino en la investigación y en la elevación a juicio, sino que además presenció varias audiencias del debate, que inició dos años atrás y que se desarrolla desde entonces en el Concejo Deliberante de Capital. La renuncia de Alvo, a fines de 2023, condujo a que Dávila ocupara el lugar de fiscal adjunto y un año más tarde fuera elegido como Fiscal de Estado.
Es por ello que ahora será el turno de Dávila, que tendrá la misión de informarle a los jueces Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón cuál es el castigo que se pretende para Graffigna, que por el momento tiene pedido de una condena de 15 años de prisión que hizo el fiscal Daniel Galvani por la defraudación en perjuicio del Estado, con la modificación de documentos para cobrar indemnizaciones mayores por terrenos expropiados.
Eso fue lo que pidió el fiscal Galvani, quien sostuvo que se habrían alzado con un botín de 15 millones de dólares con las maniobra fraudulentas. Los integrantes de la supuesta asociación ilícita, que se enfrentan a penas menores, son Horacio Alday (10 años de prisión); Ana María Melvin (9 años); Carlos Macchi (8 años); Néstor Adán Ruíz (8 años); Mario Díaz (6 años); Adolfo Cravero (3 años), Julio Fernández (3 años), Eduardo Olivera (3 años) y José Díaz Moreno (5 años y 6 meses); Víctor Bustos (6 años); y Juan Pablo Quiroga (5 años).
Rubén Pontoriero fue quien llevó adelante los alegatos y debió solicitar la extensión de una jornada más para finalizar con su exposición, la que contó con monitores que le sirvieron de sustento para mostrar a detalle los 9 expedientes que comprometen a los acusados. Se estima que este viernes, termine con las causas para dar paso al Fiscal de Estado y su pedido formal de pena.
Para las siguientes audiencias, se prevé que las defensas comiencen con sus alegatos. Son varios los abogados que tendrán la oportunidad de defender a sus representados y de pedir que los mismos sean absueltos.
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