El gobierno nacional prohibió los tratamientos de cambio de género en menores de edad

Esta iniciativa es un paso firme en la protección de los derechos de los menores, ya que busca resguardar la integridad física y psicológica de los niños y adolescentes, evitando intervenciones irreversibles en edades tempranas en las que aún no han desarrollado plenamente su capacidad de discernimiento.

Con esta reforma, Argentina se suma a una creciente tendencia internacional que cuestiona la delirante aplicación de este tipo de procedimientos en menores. Al igual que Milei, el presidente Donald Trumo en Estados Unidos revisó las leyes tras numerosos casos de niños y jóvenes que, años después de someterse a estos tratamientos, manifestaron arrepentimiento y graves secuelas en su salud física y mental.

El gobierno libertario defendió la medida con un argumento claro: la infancia y la adolescencia son etapas de desarrollo donde las decisiones que impliquen modificaciones corporales permanentes no deben tomarse de manera apresurada ni estar sujetas a ideologías nefastas.

Diversos especialistas en pediatría y psiquiatría alertaron sobre los graves efectos negativos de la hormonización temprana, que pueden incluir problemas de fertilidad, osteoporosis, afectaciones cardiovasculares y trastornos emocionales severos. Además, existen estudios que indican que la mayoría de los niños con disforia de género superan esta condición al llegar a la adultez sin necesidad de intervenciones médicas drásticas.

A pesar de esta medida, el objetivo del gobierno no es prohibir las cirugías de género de personas adultas, sino garantizar que cualquier decisión sobre el cuerpo se tome con la madurez y autonomía necesarias, sin imposiciones ni presiones ideológicas.

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La decisión de Milei representa un cambio fundamental en la legislación argentina, alineándose con una política basada en la evidencia científica y el sentido común. Esta medida protege a los menores de una mutilación irreversible, asegurando que cualquier decisión sobre su "identidad de género" pueda tomarse con total conciencia y responsabilidad una vez alcanzada la mayoría de edad.

Por otro lado, en línea con el combate frontal al extremismo de género, el presidente Javier Milei también decretará que el alojamiento de los detenidos carcelarios se determinará según el sexo registrado en el momento del hecho delictivo, para evitar que cualquiera pueda usar la excusa del cambio de género para pedir un traslado de la cárcel en la que se encuentra.

Al mismo tiempo, ningún hombre que haya solicitado la rectificación de su género antes de cometer un delito podrá ser alojado en cárceles de mujeres si fue condenado por delitos sexuales, trata de personas o crímenes violentos contra mujeres, ni en caso de que la evaluación penitenciaria lo determine.

De esta manera, la administración de Milei busca terminar con los privilegios, promover una verdadera igualdad ante la ley y poner fin al abuso infantil disfrazado de una agenda de género.