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Corte Suprema

"Degenerado constitucional": la reacción de un sanjuanino al decreto de Milei por Lijo y García Mansilla

El excandidato a gobernador, Marcelo Arancibia, criticó con dureza el accionar de Javier Milei por decretar a los jueces en el máximo tribunal.

Por Redacción Tiempo de San Juan

El abogado y excandidato a gobernador de San Juan, Marcelo Arancibia, lanzó una fuerte crítica contra el presidente Javier Milei tras la designación por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A través de sus redes sociales, Arancibia, referente del partido GEN en la provincia, calificó al mandatario como un "degenerado constitucional" y cuestionó también a los magistrados propuestos: "Degenerados constitucionales Lijo y GM si aceptan ser nombrados supremos violando la Constitución", escribió en su cuenta personal.

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La decisión de Milei de designar en comisión a Lijo y García Mansilla se formalizó a través de decretos firmados este martes. En un comunicado oficial, el Gobierno Nacional argumentó que la medida busca "normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros".

El Ejecutivo justificó la decisión en base al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que faculta al Presidente a realizar nombramientos transitorios en caso de vacantes durante el receso legislativo. Según el Gobierno, los nombramientos serán temporales hasta la finalización del próximo período legislativo, tiempo durante el cual continuarán con el proceso legislativo correspondiente en el Senado para la aprobación definitiva.

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El comunicado oficial también hizo referencia a antecedentes similares, recordando que en 2015 el entonces presidente Mauricio Macri designó en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti mediante el decreto 83, ante la renuncia de Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni.

Sin embargo, para Arancibia, la decisión de Milei constituye una violación a la Carta Magna. Su postura se suma a las críticas de otros sectores de la oposición, que acusan al Ejecutivo de atropellar las instituciones republicanas y vulnerar la independencia del Poder Judicial.

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