Bullrich envió al Congreso un proyecto que tipifica un delito pensando en los barrabravas

La iniciativa estaba en confección desde hacía tiempo, pero su presentación se aceleró luego de que la semana pasada se produjeran fuertes disturbios en la movilización al Congreso que convocaron jubilados y a la que luego se sumaron hinchas y que fue calificada por el Gobierno como la "marcha de los barras".

"Se amplía a todos los negociados que rodean a la actividad de estas barras bravas, como aquellos mecanismos que generan un tipo de financiamiento que en muchos casos está avalado por las conducciones de los clubes", al igual que a los dirigentes que permiten esas prácticas, describió la iniciativa la funcionaria en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Bullrich prometió que a través del proyecto de ley Antibarras "los que generan hechos de violencia no van a poder ingresar a los estadios" de fútbol. "Prohibir la entrada a la cancha implica desarmar la lógica de los negociados que se generan muchas veces entre conducciones de clubes y barras", señaló.

Según la funcionaria, actualmente hay "15 mil personas impedidas de ingresar a las canchas argentinas", pero planteó la necesidad de avanzar sobre "los negociados que rodean a la actividad de las barras", como por ejemplo "castigando a los dirigentes que facilitan entradas y micros o el ingreso de elementos contundentes o armas a las canchas", algo que contempla este proyecto.

"Ya bajamos de manera sustancial la violencia pero esta ley va a seguir bajando la violencia en el fútbol. Es exitoso el programa Tribunas Seguras pero le faltaba ir a fondo para que las barras no vayan a los estadios y desarticularlas como organizaciones criminales", insistió Bullrich.

Por otro lado, se despegó de la situación de la prohibición que rige desde hace doce años para los hinchas visitantes puedan aisit a los estadios: "Lo de los visitantes es responsabilidad de cada distrito, no es una cuestión federal, es de las ciudades y las provincias", consideró.

El proyecto, redactado por el equipo de abogados del Ministerio de Seguridad, busca tipificar a las barras como un tipo especial de asociación ilícita y, por ende, ser tratadas como organizaciones criminales. Se pretende así llenar los vacíos legales que hasta ahora permitían a las barras bravas actuar prácticamente con impunidad.

Además el proyecto hace foco en los dirigentes de los clubes de fútbol y prevé sanciones de cárcel para ellos, en caso de que se demuestre una relación de connivencia o apoyo logístico a los barras.