El Ministerio de Salud avanza con las denuncias penales contra los profesionales de la salud que facturaron prestaciones que no brindaron a afiliados de la OSP (Obra Social Provincia). Hasta el momento, se desvinculó del padrón de prestadores a cuatro médicos y un bioquímico, entre ellos dos médicos y un bioquímico de Iglesia.
Salud trabaja en conjunto con Fiscalía de Estado para reunir toda la documentación necesaria y evitar que las denuncias sean rechazadas por falta de pruebas. Desde la cartera, aseguraron que se está siguiendo un proceso riguroso para garantizar que los expedientes estén completos antes de ser presentados en la Justicia penal.
"Estamos recopilando toda la documentación para la acción legal. Una vez que tengamos todo, Fiscalía nos dará el visto bueno para proceder", indicaron fuentes del Ministerio. Esta estrategia busca evitar lo ocurrido en el pasado, como en el caso de Garder por las internaciones domiciliarias, donde faltó documentación y esto derivó en el archivo de parte de la causa.
Las prestaciones de servicios truchas se descubrieron cuando el Ministerio de Salud lanzó en diciembre de 2024 el carnet digital, una nueva herramienta disponible en la aplicación Ciudadano Digital 2.0. Este documento electrónico permite a los afiliados generar un token digital que deben presentar al prestador médico para recibir atención, eliminando la necesidad del carnet físico. Además, la aplicación brinda acceso a información detallada sobre consultas médicas, internaciones y medicamentos otorgados, facilitando el seguimiento de la atención sanitaria de cada paciente.
A partir del uso del carnet digital, el Ministerio de Salud recibió más de 30 denuncias de afiliados que encontraron en su historial prácticas médicas que nunca se realizaron. La mayor parte de las denuncias señalan a la Clínica Argentina, ubicada en Iglesia. La primera denuncia se registró en diciembre de 2024 y, tras comprobarse la irregularidad, el profesional implicado fue expulsado del padrón.
Para realizar una denuncia, el afiliado debe completar un formulario online y luego firmarlo para que una comisión de auditores lo evalúe. Además, la Fiscalía de Estado fue convocada, ya que, además de la sanción administrativa –la expulsión del padrón–, se está considerando iniciar acciones legales contra los prestadores que cometan fraude. Es importante señalar que las denuncias no pueden realizarse de forma anónima, garantizando así la trazabilidad de los reclamos.