El Gobierno nacional, a través de la tradicional conferencia de prensa del vocero Manuel Adorni, anunció que comenzará a cobrar aranceles a los “extranjeros no residentes” que asistan a las universidades nacionales del país. En este marco, desde la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) manifestaron que la iniciativa es una “locura”.
Analía Ponce, vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) aseguró a Tiempo de San Juan que no está de acuerdo con la medida del Gobierno nacional y hasta calificó de “falsedad” la afirmación que asegura que dejar de dar clases a los extranjeros representará un ahorro para las casas de altos estudios.
“Los extranjeros no nos producen gastos. Los estudiantes de las carreras de grado son mínimos, se pueden contar con los dedos de una mano y los alumnos de posgrado, todos pagan. De ninguna manera es verdad que es un gasto para las universidades y, si se suprime ese servicio, es una falsedad que vayamos a ahorrar”, aseguró la autoridad. “Los extranjeros no nos producen gastos. Los estudiantes de las carreras de grado son mínimos, se pueden contar con los dedos de una mano y los alumnos de posgrado, todos pagan. De ninguna manera es verdad que es un gasto para las universidades y, si se suprime ese servicio, es una falsedad que vayamos a ahorrar”, aseguró la autoridad.
Ricardo Coca, secretario Administrativo Financiero de la institución manifestó que la medida “solo alimenta el discurso xenófobo”. La autoridad basa su opinión en la definición de “turista”: aquel extranjero que ingrese al país con fines turísticos por hasta tres meses, tiempo prolongable por un período similar.
Esto quiere decir que una persona puede permanecer en la Argentina hasta seis meses sin residir, por lo que, para Coca, “nadie viene a estudiar al país por menos de seis meses”.
Qué otras medidas quiere implementar el Gobierno
La medida, anunciada en el marco de una reforma en el régimen migratorio, también se replica en los hospitales públicos, que deberán cobrar la atención médica a los extranjeros no residentes. La aplicación, según manifestaron desde el Gobierno, dependerá de los organismos nacionales, provinciales y municipales. También se ampliarán los delitos que motiven la deportación de los extranjeros. Por último, anunciaron que se denegará el ingreso al país de quienes presenten papeles con irregularidades en la Aduana.