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SUSCRIBITELa defensa de los dos acusados llegó a un acuerdo económico con la víctima, por intermedio de la fiscalía, con el objetivo de no recibir una condena que marque sus antecedentes penales.
Una pareja de sanjuaninos fue castigada por la Justicia este martes, después de que intentara quedarse con una casa del IPV que no le pertenecía. Mediante un acuerdo de juicio abreviado, los acusados por el delito de usurpación y de lesiones leves aceptaron la culpa, con el objetivo de no recibir una condena que marque sus antecedentes penales.
Se trata de Rubén Alejandro Alanis y Paola Lucía Ovando, quienes estaban en la mira del fiscal de la UFI Genérica, Alejandro Mattar, por haber pretendido apropiarse de una vivienda del Barrio 13 de Mayo, situado en Rawson. Según relató el representante del Ministerio Público, los imputados se aprovecharon del delicado estado de salud de la denunciante para dejarla en la calle y permanecer en el hogar que ella adquirió de forma legal.
Acorde la teoría del caso, el domicilio en disputa fue entregado en 2013 a una persona que nunca lo ocupó porque se fue a vivir a San Luis. A partir de ese momento, la casa fue tomada por ocupas y desmantelada, por lo que frente a este hecho desde el IPV reasignaron un nuevo propietario, que resultó ser la denunciante.
La mujer que adquirió el inmueble tomó posesión con el aval del IPV y la reacondicionó para vivir allí. Sin embargo, a principios de 2024, la nueva dueña de casa debió afrontar un cáncer que le cambió la vida y, para mejores cuidados, se mudó por un tiempo a Córdoba. En ese momento, le ofreció la vivienda a los acusados para que la cuidasen mientras ella estaba ausente.
Tras recuperarse, durante los últimos meses del año pasado, la víctima regresó a la provincia y cuando quiso instalarse en su hogar recibió el revés de parte de los cuidadores. Tanto Ovando como Alanis hicieron caso omiso a abandonar el lugar y, por ello, la mujer los denunció en la Justicia. Es que, además, la golpearon en uno de sus intentos por obtener lo que le pertenecía.
Con la instrucción de la fiscalía, los sospechosos quedaron contra las cuerdas y debieron reconocer los delitos que cometieron. Cuando esta mañana estaba previsto el control de acusación, para que la causa fuera elevada a juicio, la defensa de los acusados arribó a un acuerdo - del que también participó el querellante Roberto Juárez- que representaba una reparación económica para la denunciante, como así también tareas comunitarias.
El juez de Garantías, Sergio López Martí, homologó el acuerdo entre las partes y resolvió que la pareja le pagara en los próximos días un total de $500 mil y otras 10 cuotas de $150 mil por el daño económico que le supuso a la denunciante tener que salir a alquilar, mientras peleaba por recuperar su casa. También los sentenciados tendrá que realizar trabajos comunitarios en la Municipalidad de Rivadavia, si pretenden continuar en libertad y sin problemas con la Justicia.