Distribuyó un video con imágenes de niños abusados sexualmente y después compartió otro material similar a uno de sus contactos. Por esto y mucho menos, investigaron sin distinción a posibles autores de estos delitos y muchos casos los enviaron a la cárcel. Sin embargo, desde agosto pasado la UFI Delitos Informáticos y Estafas tiene frenada la causa penal contra el hijo de una familia adinerada de San Juan porque su defensa presenta recursos y sostiene que el joven es un enfermo mental. Hasta consiguió que una jueza ordene a la prensa no divulgar su identidad y la de sus padres, como tampoco publicar fotos de ellos.
La medida fue ordenada por la jueza de garantías María Carolina Parra, quien hizo lugar al insólito pedido del ayudante Javier Quiroga y la defensora oficial Cecilia Mut de prohibir cualquier información que permita identificar al sospechoso, con el argumento de que puede vulnerarse el estado del joven por su supuesta inimputabilidad. Por el contrario, el fiscal Eduardo Gallastegui insiste en que puede someterse al proceso y hay un informe médico que revela que el muchacho de 21 años posee una dificultad, pero es consciente de sus actos.
La discusión gira en torno a si es o no un enfermo mental. La familia del joven pretende impedir que se lo investigue por un delito tan aberrante como la distribución de material de abuso y explotación sexual infantil.
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La defensora oficial Cecilia Mut y el ayudante Javier Quiroga. A la derecha, el fiscal Eduardo Gallastegui y su ayudante, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.
El muchacho tiene 21 años y cursa sus estudios en una escuela para adultos. Según fuentes judiciales, el padre es abogado y la madre, una profesional de la medicina. La familia es de Rivadavia, es conocida en San Juan y posee una holgada posición económica, afirmaron. Sin embargo, recurrieron a los servicios gratuitos de la Defensoría Oficial para asistir a su hijo. Habitualmente, el asesoramiento o la representación de los defensores oficiales está reservado para las personas pobres o que no cuentan recursos.
El caso es polémico porque a diferencia de otros del Sistema Acusatorio que se avanza y resuelve en cuestión días, esta causa lleva ya cuatro meses y la fiscalía no consigue siquiera que se pueda formalizar para habilitar la investigación penal preparatoria. Mientras tanto, la familia del joven, por medio de la defensoría oficial, consiguió que la jueza Parra le concediera la prisión domiciliaria.
Esto empezó en agosto pasado cuando el personal de UFI Delitos Informáticos y Estafa recibió los reportes a través de los cuales detectaron el tráfico de material de pornografía infantil desde la cuenta de este joven. En ese informe señalaron que se descubrió que el muchacho distribuyó un video con imágenes de abuso y explotación sexual infantil a 17 personas por medio de la aplicación de WhatsApp, según fuentes judicial. Después compartió un video prohibido de la misma característica a otro de sus contactos.
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La jueza de garantías María Carolina Parra.
Fuentes judiciales afirmaron que no es fácil tomar contactos con los pedófilos que hacen circular estos videos o ingresar a las plataformas clandestinas en las que comparten estos materiales. Por esa razón sostienen que el joven sabía lo que hacía, más allá que pueda tener un posible trastorno o un problema de madurez.
En base a esas pruebas, la fiscalía pidió la audiencia para imputar formalmente al joven y someterlo a la investigación, pero la misma viene siendo interrumpida una y otra vez. Desde el primer momento los defensores oficiales presentaron documentación para demostrar que el joven tiene problemas de salud mental, pero el fiscal entiende que el informe de una junta médica de la Corte reveló que sí puede ser sometido a proceso.
La defensoría sostiene que ese informe oficial es ambiguo e insiste en que el joven es inimputable. Lo cierto es que pasaron varias audiencias en donde se escuchó a psicólogos y psiquiatras y la jueza aún no resuelve. Mientras tanto su familia logró que se prohíba difundir su identidad e imágenes suyas.
La próxima audiencia se realizará la semana que viene y se supone que habrá una resolución con relación al joven, cuya familia adinerada buscan hacerlo zafar de la Justicia en una causa por demás aberrante.
