La polémica se instaló en Tribunales, después de que una abogada apuntara fuerte contra el fiscal Iván Grassi y calificara su desempeño como "ridículo". Fue por ello que, en los alegatos en el juicio que resultó a su favor, Paola Miers solicitó el control judicial de la actuación para el representante del Ministerio Público y, en declaraciones a este diario, detalló que lo hizo porque hasta fue amenazada por él durante el proceso. "Fiscalía mintió, ocultó pruebas y manipuló", aseguró y agregó: "Ha sido violento, a mí se me ha amenazado".
Este episodio hizo recordar un antecedente violento que protagonizó el fiscal y que ocurrió a inicios del 2022. Por las denuncias públicas que se hicieron por una detención ilegal y un proceder irregular contra un fotógrafo de diario Tiempo de San Juan, acciones que se ejecutaron en el operativo que Grassi comandaba y que encuadraron en la censura contra la prensa, la Justicia investigó el hecho de oficio.
Todo sucedió el 1 de enero de ese año, cuando personal policial y judicial se hallaba en la escena del crimen de Yoselí Rodríguez, en Media Agua, y el trabajador de este diario elevó un drone por los aires para tomar la imagen panorámica del despliegue que tenía conmocionado a toda una comunidad.
Cuando el reportero gráfico hacía su tarea y parte del equipo periodístico ejercía su labor desde la redacción, el fiscal Grassi ordenó que el drone fuera bajado de inmediato o, de lo contrario, mandaría a detener al fotógrafo. Así se lo Pese a la advertencia, quien manipulaba el dispositivo tecnológico fue detenido por efectivos policiales a metros de la escena y uno de ellos lo obligó a borrar imágenes que había captado desde la altura.
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Una de las pocas imágenes que el fotógrafo censurado pudo conservar, tras ser obligado de borrar las tomas por la Policía
A pesar de que todas las imágenes que se habían tomado desde el aire ilustraban el operativo, con el cuerpo forense en acción y demás colaboradores en los alrededores, lejos de cualquier cuestión morbosa que pudiera afectar a alguna de las partes del caso y con la prudencia que habilitaba la situación, el fotógrafo quedó con apenas unas pocas fotos, pues las demás fueron eliminadas.
Dos motos policiales y dos patrulleros se presentaron donde estaba el trabajador, ubicado a más de 200 metros del primer cordón policial que habían dispuesto las autoridades, y allí lo presionaron para borrar las tomas. Los policías le cerraron el paso al auto de Tiempo de San Juan, lo rodearon y se refirieron en tono amenazante, con el argumento de que tenían orden del fiscal.
“Vos no podés hacer esto. Te vamos a meter preso, puede actuar flagrancia acá y te vas a comer un garrón. Te vamos a confiscar el dron y el celular”, le dijeron en tono de amenaza al trabajador de la prensa que cubría el crimen y que fue obligado a trasladarse, custodiado con patrullas, a un costado del camino. Como nunca antes se había visto en un procedimiento contra un periodista que hacía su tarea, quedó bajo custodia policial, presuntamente sin quedar oficialmente detenido, aunque efectivamente privado de su libertad.
El fiscal nunca llegó, el periodista y su acompañante quedaron alrededor de una hora en virtual detención, en un limbo legal y en medio de una situación intimidante y atemorizante. Incluso, con la trascendencia de lo sucedido, FOPEA repudió la censura y "retención injustificada" del fiscal Grassi al fotógrafo de Tiempo de San Juan.
Como consecuencia de la denuncia pública frente al hecho que fue considerado un atentado a la libertad de prensa y una supuesta violación a los derechos humanos, el Ministerio Público Fiscal decidió abrir una investigación. El entonces fiscal de turno Renato Roca, también del Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales y colega de Iván Grassi, dispuso la apertura de una causa judicial de oficio.
Sin embargo, tres meses más tarde, la fiscal Claudia Salica -que tomó el lugar de Roca en el caso, que se excusó por cercanía con el investigado- cerró la investigación sobre su colega que estaba sospechado por presunto abuso de poder e intimidación que se había iniciado, con el agregado de un flagrante episodio de censura que ahora quedará impune.
Salica pertenecía al mismo equipo (el Ministerio Público Fiscal) que el investigado y bajo la misma condición de subalternos del jefe de los fiscales Eduardo Quattropani. Fue por ello que fue recusada, pero tal planteo fue rechazado por la Corte de Justicia. Tras indagar, la compañera de Grassi desestimó la comisión de un delito y el caso fue cerrado.
