Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEEste jueves debía resolverse sobre la continuidad o no de las detenciones de los empresarios Storniolo y Gallerano. La jueza Flavia Allende fue apartada y se designó al juez Sergio López Martin, quien dio un paso al costado y se suspendió la audiencia.
Los principales imputados. Héctor Storniolo y Juan Gallerano. Atrás, Alejandra Patricia Nacif, la otra acusada en la causa.
Cuando estaba todo listo para que se resolviera sobre la prórroga de las detenciones o las libertades de Héctor Storniolo y Juan Gallerano, la causa por la multimillonaria estafa con la venta de lotes entró a enturbiarse. Primero, apartaron la jueza que intervino en primera instancia. Ahora, el magistrado que la reemplazó se excusó de intervenir en el caso por incompatibilidad y suspendió la audiencia prevista este jueves hasta tanto designen a un tercer juez.
Esto se da días del vencimiento del plazo de 30 días de la prisión preventiva contra Héctor Andrés Storniolo y Juan Mauricio Gallerano, dictadas el pasado 2 de noviembre último por la jueza Flavia Allende. Justamente, el fiscal Eduardo Gallastegui pidió la renovación de esa medida cautelar para que ambos continuaran alojados en el penal de Chimbas, mientras que los defensores Franco Montes y Agustín Imedi solicitaron el cese de las detenciones. O a lo sumo, la prisión domiciliaria. Sin embargo, nada de eso se discutió debido al apartamiento del segundo juez.
Storniolo y Gallerano fueron detenidos el 31 de octubre último. El sábado 2 de noviembre pasado, los dos empresarios y Patricia Alejandra Nacif -esposa del primero y tercera imputada- comparecieron en Tribunales, ocasión en que la ayudante fiscal Milena Barberi y el fiscal Eduardo Gallastegui les atribuyó el presunto delito de estafas reiteradas, por 25 hechos denunciados hasta ese momento.
En ese entonces la jueza Flavia Allende habilitó la investigación penal preparatoria y dispuso la prisión preventiva de Stornillo y Gallerano por 30 días -que de cumple el lunes 2-, a cumplir en el Servicio Penitenciario Provincia, a la vez que mantuvo la libertad de Nacif. En la misma resolución, rechazó la inhibición total de los bienes de los tres empresarios, como solicitaban los representantes de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, pero aceptó la caución real o fianza de dos propiedades que ofrecían los defensores de los empresarios con la esperanza de que les concedieran la libertad.
El ida y vuelta
Esta última decisión de la jueza Allende, motivó la apelación de la defensa, que pidió la impugnación de la prisión preventiva y cuestionó la decidió de disponer de esa caución real. Ahí empezó el enredo. A raíz del planteo de los defensores, intervino la jueza de impugnación Silvina Rosso de Balanza, quien ratificó la prisión preventiva para los dos empresarios y declaró nula la medida de la caución real de esos los inmuebles, a la vez que dispuso que otro magistrado resolviera sobre el pedido de prisión domiciliaria en favor de Gallerano.
La resolución de la jueza Rosso de Balanza determinó que la juez de garantía Flavia Allende fuera apartada de la causa penal por la multimillonaria estafa con los lotes. Eso explica el por qué el caso pasó a manos de su par, Sergio López Marti. Lo que no estaba en los planes, era que en la audiencia de este jueves el magistrado también se apartaría de la causa.
El juez López Marti expuso que, como mantiene un vínculo de amistad con uno de los denunciantes, correspondía no intervenir en el caso y dar un paso al costado. Fue así que dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta que la Oficina Judicial comunique al magistrado que le sigue en orden de designaciones. En este caso, es el juez Gerardo Fernández Causi el que deberá tomar la posta.
La imputación
A los empresarios Storniolo, Gallerano y Nacif se les atribuyen el haber dirigido empresas inmobiliarias que, desde el 2017. vendieron lotes ubicados en proyectos de barrios privados, sin contar con los títulos de propiedad ni los planos de urbanización aprobados. Las parcelas eran valuadas entre 6 mil y 12 mil dólares y prometían entregar las propiedades en un plazo de 6 a 18 meses, con la provisión de servicios básicos para que empezaran a construir. En algunos casos acordaban levantarles las casas.
Hubo familias que liquidaron todos sus ahorros por un lote. Otros pidieron préstamos y entregaron sus vehículos para pagar. Sin embargo, pasaron meses y años y los empresarios no cumplieron con lo pactado. El problema principal fue que los propietarios originales de esos terrenos no transfirieron los terrenos a las firmas inmobiliarias ahora cuestionadas, justamente porque éstas también incumplieron los contratos con ellos.
La causa se inició por 25 denuncias por supuestos damnificados en los loteos Tierras de Don Rogelio, Tierras del Sur, Vistas del Sur y Las Acacias Blancas. Ahora bien, se espera que próximamente la fiscalía amplíe el objeto de investigación, dado que aparecieron más víctimas de esos loteos y otros proyectos de barrios privados. Estiman que hay más de 200 denuncias. Además, se mencionan a otro involucrados, entre ellos a una mujer de apellido Pérez y otros dos empresarios. Por eso también se adelantó que los querellantes y hasta la fiscalía agravarían la imputación por la asociación ilícita.
Contenido especial
video