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SUSCRIBITELas defensas habían solicitado la revocación de la prisión preventiva que dictó la jueza de Garantías, Flavia Allende, a pedido de la fiscalía. Sin embargo, la decisión de la autoridad superior no fue la esperada por los imputados.
A tres semanas de que estallara el escándalo con los empresarios detenidos por las múltiples denuncias de estafas con loteos, las defensas de los imputados plantearon la revocación de la prisión preventiva para sus patrocinados y la respuesta que recibieron fue negativa. Es que la jueza del Tribunal de Impugnación, Silvina Rosso de Balanza, rechazó el pedido de cese de la medida coercitiva más gravosa para Héctor Andrés Storniolo, quien continuará tras las rejas.
Por su parte, sobre Juan Mauricio Gallerano La Hoz, la magistrada entendió que no era ella quién debía resolver respecto a su situación, por lo que no se expidió y tendrá que decidir otro juez, en su lugar.
Durante la audiencia de formalización del caso, en el que los sujetos se presentaron en Tribunales, la jueza de Garantías, Flavia Allende, dictó la prisión preventiva para ambos. Mientras tanto, la otra implicada y esposa de Storniolo, Patricia Alejandra Nacif, quedó en libertad. Fue por eso que los defensores Franco Montes y Agustín Idemi insistieron con la liberación de los hombres que podrían sumar más de 300 denuncias por estafa reiterada.
Pese al planteo de los abogados, la magistrado consideró que no estaban dadas las garantías en la investigación para que los sospechosos dejaran del Penal de Chimbas, pues se estima que su libertad ambulatoria podría perjudicar la instrucción. Además, se estima que ambos cuentan con los medios para fugarse y evitar ser sometidos al proceso judicial.
No obstante, fuentes judiciales señalaron que en los próximos días vencería el plazo de la prisión preventiva, que fue otorgado sólo por 30 días, y, por ese motivo, el fiscal Eduardo Gallastegui debería solicitar una prórroga de la medida, algo que anticiparon que hará antes de que culmine el mes.
En los últimos días continuaron apareciendo supuestos damnificados y las denuncias contra los empresarios que desarrollaban proyectos inmobiliarios. Es por esa razón que la causa que se instruye en la UFI de Estafas ya tiene 18 cuerpos y todo indica que su volumen aumentará con más denuncias.
Fuentes allegadas al caso manifestaron que desde la Justicia ofrecieron turnos que se extienden por las próximas dos semanas y que, según detallaron, se trata de denunciantes nuevos que apuntan contra los imputados y otros nombres que hasta el momento no trascendieron.
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