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SUSCRIBITEDos de los tres involucrados en el caso ofrecieron una suspensión de juicio a prueba, junto a una reparación económica, para evitar el proceso y el otro insistió con su inocencia. Sin embargo, la fiscalía arremetió con la acusación y por ello la jueza de Garantías definirá.
A más de dos años de que estallara el escándalo por los alquileres ilegales en La Granja, un caso que salpicó a las autoridades de la institución y a un funcionario público, la causa se encamina hacia una definición y, por ello, la fiscalía metió presión para llevar a juicio a los acusados. Sin embargo, las defensas de los involucrados resisten y por eso plantearon otras salidas para evitar el proceso.
Por un lado, dos de los imputados ofrecieron la suspensión de juicio a prueba y una reparación simbólica con el objetivo de no someterse todavía más al escrutinio público en un debate oral. Se trata del exdirector del C.E.F. N°20, Daniel Samat, y del expresidente de la Cooperadora de ‘La Granja’, Mario Sanz.
Según informaron fuentes judiciales, ambos propusieron hacer tareas comunitarias y 250 mil pesos a cambio de quedar sin registros penales, mientras que el otro implicado, el vicedirector Miguel Jofré y ex funcionario de la entonces Secretaría de Deportes, solicitó -a través de sus abogados Franco Montes y Marcelo Fernández- el sobreseimiento tras afirmar que es inocente. Todos están sospechados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes como funcionarios públicos y a Jofré le suman el delito de peculado.
En ese sentido, el Ministerio Público, representado por Francisco Micheltorena y César Recio, sostuvo la acusación contra los imputados y, por tanto, pidió 5 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. A Jofré y a Samat se les endilgan los delitos en calidad de autores, en tanto que a Sanz lo apuntan por participación necesaria en el delito de abuso de autoridad.
Quienes se sientan en el banquillo de los acusados fueron denunciados en agosto de 2022 por la nueva comisión directiva del CEF Nº20, por los supuestos negocios que hicieron con el alquiler de las canchas, durante 2019 y 2021. Se estima que habrían sacado provecho del bien del Estado y que la suma recaudad ascendería los 5 millones de pesos.
Ahora, quien debe definir si accede a los pedidos de las defensas o bien le da la derecha a la fiscalía con la acusación es la jueza de Garantías, María Gema Guerrero. Es por ello que está previsto que el próximo martes se lleve adelante la audiencia clave para el caso.
Del proceso también participan como querellantes, en representación de la Fiscalía de Estado, los letrados Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo, dado que la Administración Pública habría sido la damnificada en toda esta cuestión.
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