La causa de los presuntos desvíos millonarios en la Policía de San Juan aún no se investiga de lleno por un conflicto de competencia y, por ello, quien resolverá dicha cuestión será la Corte Suprema de Justicia. Es que si bien el expediente había iniciado en la justicia sanjuanina, en la UFI de Delitos Especiales, luego fue derivada a la Justicia Federal. Sin embargo, desde ese fuero plantearon que no tenían jurisdicción para intervenir y, por ello, será el máximo tribunal el que defina la cuestión.
Se trata del caso que comenzó a ser instruido -de manera preliminar- tras la presentación del ex jefe policial, Luis Walter Martínez, y después de que un ex tesorero de la Fuerza lo denunciara ante la Subsecretaría de Control de Gestión por el supuesto desvío de cifras millonarias con la compra de 150 computadoras y otras que no se concretaron durante la anterior gestión. El fiscal Nicolás Schiattino fue quien recibió la presentación del ex funcionario, que no llegó a configurar una denuncia, según especificaron las fuentes.
Lo que hizo Martínez, acorde detallaron, fue una exposición sobre el manejo de los fondos en la Policía, puesto que había tomado conocimiento de la denuncia que Oscar Vanetti había hecho en el ente que controla la actividad policial. A partir de ello, Schiattino pidió que se le enviaran actuaciones del sumario administrativo aunque todo quedó en stand by porque consideró que la presunción del delito debía ser investigada por el fuero federal, dado que el dinero en cuestión provenían de fondos federales.
Fue por eso que el representante del Ministerio Público remitió la causa a los tribunales federales y allí, al cabo de evaluar los elementos de la misma, concluyeron con que no tenían competencia y que era la fiscalía la que debía instruir. El fiscal Francisco Maldonado fue quien le solicitó al juez Leopoldo Rago Gallo que se declarara incompetente y así lo hizo.
Más tarde, el expediente regresó a la justicia local y, a través de la Oficina Judicial, se presentó resistencia y con ello la causa terminó en la Corte Suprema, la que no tiene plazos para dictar una sentencia. Esto se da un un clima complejo, dado que el máximo organismo de justicia atraviesa una crisis en su conformación, tras las polémicas designaciones de dos cortistas de Javier Milei, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.
Vanetti, el ex oficial principal condenado en 2021 por un fraude de $1 millón, denunció en el ámbito administrativo el desvío de cifras millonarias con la supuesta adquisición de 150 computadoras y otras compras que no se concretaron durante la anterior gestión, y cuyos fondos se desconoce adónde fueron a parar. Presentó documentación para respaldar sus afirmaciones y el hecho generó revuelo dentro de la Fuerza.
El perjuicio contra la Administración Pública que denunció el ex tesorero condenado por estafar al Estado se acerca a los $90 millones, según precisaron fuentes cercanas. El dinero provenía del Ministro de Seguridad de la Nación y fue entregado en tres cuotas de $30 millones, con el objetivo de equipar con tecnología al organismo. Lo que se sabe es que se realizó el gasto, pero las computadoras y demás aparatos no están en ninguna parte.
