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SUSCRIBITEEl caso que involucra a los empresarios Storniolo, Gallerano y Nacif suma más denuncias. En principio fueron por cuatro barrios, pero aparecieron casos de otros proyectos inmobiliarios.
Héctor Storniolo, Juan Gallerano y Patricia Nacif, los tres imputados.
Los investigadores perdieron la cuenta de las denuncias por la presunta estafa multimillonaria con la venta de lotes que involucra a tres empresarios de familias reconocidas en San Juan. Se habla de 300, pero oficialmente prefieren no dar cifras. Lo que sí afirmó una fuente judicial del caso es que reciben de 15 a 18 denuncias por día y que aparecieron damnificados por otros proyectos inmobiliarios, fuera de los cuatros que originaron la causa judicial.
Hasta el martes, nada más, sumaban 100 denuncias. Ese número ya se superó holgadamente, deslizaron. Sólo en la Central de Policía tomaron 30 en estos últimos días. El equipo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Eduardo Gallastegui, se vieron superados y hasta habilitaron un box especial en Tribunales para recibir esas denuncias, contaron fuentes tribunalicias. Incluso entregaron turnos hasta el viernes de la semana próxima para atender a nuevas supuestas víctimas de los empresarios Héctor Andrés del Valle Storniolo, Patricia Alejandra Nacif y Juan Mauricio Gallerano La Hoz. Los dos hombres están detenidos desde el 31 de octubre.
En la audiencia del sábado pasado, la fiscalía imputó a los tres empresarios del delito de estafas reiteradas por 25 hechos y un perjuicio de alrededor 300 millones de pesos, pero aclararon que debían evaluar decenas de nuevas presentaciones. Por esa razón, y para evitar que interfieran en la investigación, la jueza de garantía Flavia Allende hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, dictó la prisión preventiva para Storniolo y Gallerano y envió a éstos al penal de Chimbas. La mujer del primero se salvó de ir presa.
Las presuntas estafas eran cometidas por medio de las firmas inmobiliarias y constructoras Tramonto, El Nido Construcciones y Casa Noble, que comercializaban lotes desde 2017 en los futuros complejos habitacionales llamados Tierras de Don Rogelio, Tierras del Sur, Las Acacias en Pocito y Vistas del Sur en Albardón. Gallerano tiene directa vinculación con este último emprendimiento, mientras que el resto era encabezado por Storniolo y su mujer.
Los lotes eran vendidos a precios de entre 6 y 12 mil dólares. Los empresarios prometían la entrega de los terrenos en un plazo de 6 a 18 meses, con la urbanización, la provisión de servicios y la escrituración. Muchos de los compradores pagaron de contado, otros se endeudaron con préstamos y hasta entregaron vehículos con tal de adquirir el terreno para su hogar. Por ejemplo, una familia compró 4 lotes por más de 40 mil dólares en efectivo.
El problema fue que Storniolo, Nacif y Gallerano comercializaban terrenos que ni siquiera estaban legalmente en poder de ellos. Los dueños originales de tres de las propiedades no habían hecho las transferencias porque los empresarios no cumplieron con el contrato de compra, según fuentes judiciales. En el caso de la propiedad de Gallerano, que pertenece al padre, porque no hicieron el juicio sucesorio.
Por esa razón no pudieron escriturar los lotes a nombres de los compradores, pese a los constantes reclamos de éstos. Aun así, ellos se instalaron en los lotes y empezaron a construir, pero no recibieron respuestas. Lo peor es que tampoco les hicieron llegar los servicios de agua potable ni energía eléctrica. Sucede que los empresarios contaban con planos de los lotes y urbanización, pero provisorios y que no tenía aprobación oficial. Eso explica de por qué no podían tramitar la provisión de servicios básicos para esos consorcios, explicó una fuente judicial.
Ahora son centenares de familias las que se encuentran a la deriva porque descubrieron que los terrenos que compraron no son suyos, al menos legalmente. Algunas de las víctimas levantaron sus casas y otros están construyendo. Otros se encontraron con que el lote comprado había sido vendido dos o tres veces.
Storniolo y su mujer se abstuvieron de declarar. Gallerano, en cambio, declaró ante la jueza que contaba con campos, cabezas de ganado, negocios y dinero suficiente para dar solución a los damnificados. Sin embargo, el fiscal le retrucó que tuvo más de 4 años para hacerlo y no respondió a los ahora denunciantes.
Las oficinas que contaban en la calle Boulevard Sarmiento en Rawson, en el edificio Derby en pleno centro, en la Rastreador Calivar en Rivadavia y en la calle Joaquín V. González en Desamparados actualmente están cerradas y clausuradas. La última tiene fajas de seguridad y cuenta con vigilancia policial por la cantidad de documentación que deben analizar.
El dato de que diariamente están recibiendo al menos 15 denuncias, grafica la dimensión de la presunta estafa con la venta de lotes que sería multimillonaria. Y el escándalo crece debido a que aparecieron víctimas por otros tres proyectos de barrios privados que comercializaban estas firmas inmobiliarias; es decir, que hay más damnificados por fuera de los loteos Tierras de Don Rogelio, Tierras del Sur, Las Acacias en Pocito y Vistas del Sur en Albardón.
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