Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITELas defensas de Héctor Andrés Storniolo y Juan Mauricio Gallerano planteaban oposición a la prisión preventiva que recibieron el 2 de noviembre último, pero la autoridad superior rechazó el planteo y extendió la medida coercitiva.
Los empresarios acusados de estafar con lotes, que cumplen con la prisión preventiva en el Penal de Chimbas, buscaban recuperar la libertad y por ello acudieron al Tribunal de Impugnación. Sin embargo, este jueves al mediodía recibieron un duro revés de parte de la Justicia, pues la jueza que intervino les rechazó la posibilidad.
Según informaron fuentes allegadas, las defensas de Héctor Andrés Storniolo y Juan Mauricio Gallerano solicitaron el cese de la medida coercitiva más gravosa, que había sido dictada el 2 de noviembre último, cuando la causa se formalizó en su contra. Frente a ello, el fiscal de Impugnación Fabrizio Medici se opuso al pedido y la magistrado Silvina Rosso de Balanza ratificó la medida hasta el 30 de diciembre.
En ese marco, el fiscal que instruye la causa, Eduardo Gallastegui, había manifestado la necesidad de dictar la prisión preventiva por un tiempo más extenso, con el objetivo de evitar este tipo de audiencias. Es que esta es la segunda vez que la misma jueza rechaza las pretensiones de los abogados Franco Montes y Agustín Idemi.
Los acusados, que siguieron la audiencia desde el Servicio Penitenciario y por Zoom, recibieron cerca de 300 denuncias y se estima que, junto a Patricia Alejandra Nacif, la esposa de Storniolo que permanece en libertad, se habrían alzado con $300 millones con la venta de lotes situados en diversos puntos de la provincia.
A los tres se les atribuyen el haber dirigido empresas inmobiliarias que desde el 2017 vendieron lotes ubicados en proyectos de barrios privados, sin contar con los títulos de propiedad ni los planos de urbanización aprobados. Las parcelas eran valuadas entre 6 mil y 12 mil dólares y prometían entregar las propiedades en un plazo de 6 a 18 meses, con la provisión de servicios básicos para que empezaran a construir. En algunos casos acordaban levantarles las casas.
Hubo familias que liquidaron todos sus ahorros por un lote. Otros pidieron préstamos y entregaron sus vehículos para pagar. Sin embargo, pasaron meses y años y los empresarios no cumplieron con lo pactado. El problema principal fue que los propietarios originales de esos terrenos no transfirieron los terrenos a las firmas inmobiliarias ahora cuestionadas, justamente porque éstas también incumplieron los contratos con ellos.
Contenido especial
video