En febrero de 2016 el entonces Arzobispo de San Juan, Alfonso Delgado, formalizó una denuncia penal por irregularidades detectadas en la administración del Arzobispado con faltantes de dineros, contra dos empleados: el contador Juan Brozina y el tesorero Darío Tapia. Fue un verdadero escándalo que se profundizó cuando Brozina denunció al Arzobispado por el desvío de fondos para pagar cuestiones personales de los sacerdotes. De todo este trance judicial quedan resabios y este jueves será un día clave ya dentro de la causa civil que le inició la Iglesia sanjuanina al contador para conseguir un resarcimiento que escalaría a los $10 millones, con la presentación de los alegatos. El tesorero falleció.
En este cruce de graves denuncias, en lo Penal se generaron dos causas: una en la Justicia Federal y otra en la Justicia Provincial. En la causa iniciada en el Cuarto Juzgado de Instrucción las imputaciones contra Monseñor Delgado fueron archivadas por inexistencia de delito. La causa por lavado de dinero en la Justicia Federal también fue archivada por no constituir delito los hechos denunciados por Brozina.
En todos estos años, mientras Delgado fue desvinculado de toda acusación. Brozina y Tapia solicitaron y les fue concedida la suspensión del juicio a prueba. Lo que se tramita ahora es la causa civil por la que el Arzobispado pide que Brozina responda con sus bienes por lo sustraído a la Iglesia.
Quien resumió las actuaciones fue el abogado del Arzobispado, Rubén Lloveras: "Esto surgió cuando el entonces arzobispo ordenó una auditoría, que estuvo a cargo del contador Daniel Gimeno, quien determinó un montón de irregularidades muy importantes por parte del que era en ese momento el ecónomo de la institución, con lo cual el señor Delgado ordenó la promoción de las acciones penales correspondientes, se hizo la denuncia y se tramitó toda la causa penal. Se dictó auto de procesamiento contra el señor Brozina y contra el señor Tapia ese auto de procesamiento fue confirmado por la Cámara y fue elevado a juicio. Cuando fue elevado a juicio, Brozina pidió la suspensión de juicio a prueba, a lo que la justicia le hizo en lugar y por lo cual ahí concluyó la etapa penal, por lo que nosotros tuvimos que hacer el reclamo civil, no en esa causa, no en la causa penal, sino por separado, directamente a los tribunales civiles ordinarios de la provincia de San Juan", dijo este jueves en diálogo con Radio Sarmiento.
La plata que se reclamó fue la del monto histórico que determinó el contador Gimeno en su momento, en su auditoría, que eran 590.000 pesos, dijo el abogado. "De todas maneras, después surgieron otro tipo de transferencias que había hecho el contador, no ya a cuentas propias, sino a cuentas de terceros, incrementa el monto antes referido, lo cual va a ser determinado en la etapa de ejecución de sentencia dentro de la causa civil ahora", afirmó . A valores de hoy, afirmó que "entendemos que pueden ser como 10 millones de pesos aproximadamente".
Aclaró que si Brozina es condenado y una vez que esa sentencia quede firme, tendría la obligación de restituir esos dineros. "Y si no lo hace, nosotros tendremos que seguir con la ejecución de la sentencia".
También remarcó el abogado, respecto al argumento de Brozina acerca que fueron órdenes que él seguía del arzobispo Delgado y que él no actuó solo, que "nada de eso probó en la causa, ni civil, ni penal. La verdad que el argumento que él esgrimió en ese momento se cae por completo cuando nosotros acreditamos en forma posterior que no solamente se transcribió suma a su cuenta personal, sino a cuenta de terceros".
Pasado el mediodía de este jueves se conocerán los alegatos en la causa civil y quedará a resolver por la jueza que entiende en la causa, Amanda Días, lo que se podrá dar en los próximos días.
"Esperamos prontamente tener sentencia en primera instancia y aclarando que ya con relación al juicio civil que nosotros le promovimos al tesorero Tapia, ya tenemos sentencia firme, pero las sumas con relación a Tapia son ínfimas en relación a Brozina. Y después falleció el señor Tapia, y recibimos instrucciones de dejarlo ahí en esa instancia", precisó.
Con Brozina, concluyó, "ya hemos conseguido unos embargos preventivos, entendemos que el crédito para el caso de que se haga lugar a la demanda estaría garantizado con un bien inmueble".
