Estiman que ganaron alrededor de 300 millones pesos con la venta de lotes. El problema fue que prometieron entregar las propiedades en un plazo de 6 a 18 meses, escriturarlas y llevarles los servicios agua y luz, pero en 6 años no cumplieron con nada de eso y ahora acumulan 40 denuncias por estafas. Aun así, continuaban vendiendo los terrenos, algunos ya comercializados a otras personas, a pesar de su complicada situación fiscal y la emisión de 394 cheques sin fondos por 255 millones de pesos.
De esto, y otras cosas más, imputan a los empresarios sanjuaninos Héctor Andrés Storniolo, a su esposa Patricia Alejandra Nacif y Juan Mauricio Gallerano, los tres involucrados en las presuntas estafas con la venta de propiedades en los proyectos inmobiliarios Tierras de Don Rogelio, Tierras del Sur, Vistas del Sur y Las Acacias Blancas. En el caso de los dos hombres, continuarán detenidos por 30 días más en el penal de Chimbas con prisión preventiva.
Storniolo y Gallerano fueron detenidos el jueves último por orden de la jueza de garantías Flavia Allende y por pedido de la ayudante fiscal Milena Barberi y los fiscales Eduardo Gallastegui y Pablo Martín de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. En la causa también está implicada Nacif, la pareja del primero de ellos, dado que era parte de la sociedad que supuestamente conformaban todos ellos en las firmas Tramonto, Nido Construcciones y Casa Noble.
Los tres comparecieron este sábado en Tribunales y la fiscalía les imputó el delito de estafas reiteradas. En la enumeración de las pruebas iniciales, la ayudante fiscal Barberi señaló que en principio analizaron 25 denuncias que señalan que Storniolo, Gallerano y Nacif comercializaron lotes desde el 2018. A esas presentaciones, se les suman otras 15 denuncias que están pronta a estudiar.
Los damnificados aseguraron que pagaron desde 800 mil pesos hasta 10.700 a 40 mil dólares por algunos de esos lotes, otros también completaron los montos con autos y camionetas, que fueron a parar a los ahora imputados.
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El fiscal Pablo Martín, la ayudante fiscal Melina Barberi y el fiscal Eduardo Gallastegui.
Según la imputación, el contrato señalaba que entregarían los lotes en un plazo de 6 a 18 meses, que se harían las transferencias legales de las propiedades y los proveerían de todos los servicios de urbanización. Sin embargo, Storniolo y sus supuestos socios, en uno de los loteos ni siquiera habían comprado definitivamente los terrenos y todavía estaban a nombre de sus dueños originales.
Los sospechosos ofrecían esos lotes a través de redes sociales, pasacalles y la atención personalizada en sus propias oficinas situadas en Rawson, en Capital y Rivadavia. La fiscalía señaló que entre los cuatro proyectos tenían 432 lotes, que ofrecían al precio que iban desde los 6 mil a 12 mil dólares. Esto asciende a un monto de 4 millones de dólares en parcelas. Pero no llegaron a vender todos esos terrenos, aunque hicieron buenas ganancias con lo comercializado hasta el momento. Si sólo se cuenta las 35 denuncias y lo que pagaron esos supuestos damnificados, la presunta estafa asciende a 250 mil dólares, explicaron fuentes judiciales. Esto, pasado a moneda nacional, ronda los 300 millones de pesos. No descartan que aparezcan más denunciantes porque siguieron vendiendo terrenos hasta la semana pasada.
Las primeras investigaciones revelaron también que las firmas inmobiliarias emitieron 394 cheques por 255 millones de pesos que no pudieron cobrarse, señaló la ayudante fiscal. Por otro lado, mencionó que los informes del Banco Central y de la ARCA (o AFIP) revelaron estas empresas están calificadas como de "alto riesgo", casi insolventes y con deudas fiscales.
El único que declaró ante la jueza de garantías fue Juan Gallerano, quien dio su versión con el aval de su defensor, el abogado Franco Montes. El empresario admitió que sólo era socio en la firma Tramonto por la comercialización de los lotes de su padre en el predio Vistas del Sur y aclaró que no estaba bien involucrado en el negocio. También expresó que estaría dispuesto a solucionar los problemas de los damnificados y poseía el capital suficiente para hacerlo, dado que tiene negocios y campos porque es ganadero. De todas formas, el fiscal Gallastegui le respondió indirectamente, puesto que remarcó que tuvo 6 años para responder los reclamos de los damnificados y recién ahora busca proponer una solución.
Los otros dos imputados, Storniolo y Nacif, prefirieron abstenerse de declarar por consejo de su defensor, el abogado Agustín Idemi.
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Los abogados defensores Franco Montes y Agustín Idemi.
Es que los damnificados aseguraron en sus denuncias que siempre recibieron evasivas por parte de Storniolo y Gallerrano, ya sea por la entrega de los lotes, las construcciones prometidas o la instalación de los servicios básicos como el agua. Todas eran excusas, primero por la pandemia, después por la mala situación económica o directamente responsabilizaban a OSSE y a la unión vecinal de la zona por la falta de los servicios, explicaron los funcionarios judiciales.
Algunos de los compradores igualmente tomaron posesión de los lotes de forma provisoria y empezaron a construir, pero hasta la fecha no cuentan con servicio de agua. Un camión cisterna les lleva el líquido elemento, pero la firma de Storniolo también adeuda 2 millones de pesos al transportista. Además, debe meses de alquiler por el local que poseía en Rawson.
La audiencia de este sábado empezó a las 10.30 y culminó pasada las 16. La fiscalía pidió la prisión preventiva para Storniolo y Gallerano, a lo que la jueza de garantías Flavia Allende hizo al lugar. La magistrada dio por habilitada la investigación penal preparatoria por los delitos de estafas reiteradas, también dispuso que los dos hombres continúen detenidos por 30 días más y aceptó la propiedad que ofreció cada uno a modo de caución real. Nacif seguirá en libertad porque llegó en esa condición a la audiencia.
