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SUSCRIBITEA más de dos años de que estallara el escándalo, la causa aún no llega a juicio. Las defensas buscan una probation y la fiscalía y la querella se oponen, por lo que el máximo tribunal pondrá punto final al tironeo.
Pasaron 27 meses desde que la causa por los alquileres ilegales de las canchas en La Granja se formalizara. Sin embargo, aún no llegó a juicio por la resistencia que presentaron las defensas de los imputados. Es que los abogados de dos sospechosos insisten con la probation y, frente a la oposición de la fiscalía y la querella, quien definirá la disputa será la Corte de Justicia.
Si bien se esperaba que la audiencia de control de acusación fuera el paso previo a la realización del debate oral y público contra los ex directivos del Centro de Educación Física Nº20, Miguel Jofré, Mario Sanz y Daniel Samat, los defensores de estos dos últimos pidieron la suspensión de juicio a prueba y la cuestión derivó en otras instancias.
La jueza de Garantías, Gema Guerrero, ante la resistencia del fiscal Francisco Micheltorena y la querella, que representa a la Fiscalía de Estado, rechazó los requerimientos de los abogados y el caso llegó a manos del Tribunal de Impugnación. El juez Benedicto Correa, en esta oportunidad, aceptó lo solicitado y por ello el fiscal Fabrizio Medici acudió a la Corte.
Lo que se pretende es que Samat, ex director del C.E.F. N°20, y Sanz, expresidente de la Cooperadora de La Granja, no sean sometidos al proceso judicial. Por eso, propusieron hacer tareas comunitarias y 250 mil pesos a cambio de quedar sin registros penales. Por su parte, Jofré, ex vicedirector y ex funcionario de la entonces Secretaría de Deportes, solicitó -a través de sus abogados Franco Montes y Marcelo Fernández- el sobreseimiento tras afirmar que es inocente, ya que no hubo comisión de delito.
Todos están sospechados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes como funcionarios públicos y a Jofré le suman el delito de peculado, por alquilar la cancha de hockey y sacar provecho económico con el bien que pertenece al Estado. Alquilaba por hora, después de terminada la jornada educativa, incluidos los fines de semana. Es por ello que se calcula que se alzaron con unos 5 millones de pesos, entre 2019 y 2021.
El Ministerio Público pidió 5 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para todos los involucrados. A Jofré y a Samat se les endilgan los delitos en calidad de autores, en tanto que a Sanz lo apuntan por participación necesaria en el delito de abuso de autoridad.
Las fuentes indicaron que, hasta que la Corte no se expida, el proceso queda en stand by. Una vez que se resuelva, si lo concede la probation para los imputados, la causa estaría a tiro del juicio.
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