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SUSCRIBITEEn el cierre de la exposición de los fiscales que intervienen en el debate que se desarrolla en el Concejo Deliberante, se conoció con certeza cuál es la pena que pretenden para el cabecilla de la supuesta organización ilícita y los partícipes necesarios. El fiscal calculó que el perjuicio del Estado fue de 15 mil millones de pesos.
En el marco del juicio por expropiaciones, la mega causa que sacudió a San Juan cuando estalló el caso, pues involucró a empresarios, funcionarios de gobierno y personalidades de renombre, la fiscalía culminó con los alegatos y pidió 15 años de prisión para el hombre señalado como el cabecilla de la asociación ilícita, Santiago Graffigna.
Graffigna fue señalado como autor material responsable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, en función del delito de estafa, en 9 hechos. Además, por tentativa de fraude en 6 hechos y por el ser el jefe de una asociación ilícita que cometió fraude por ocultamiento y sustracción de prueba.
El representante del Ministerio Público, Daniel Galvani, confirmó lo que ya había anticipado en la expectativa de pena para quien es sindicado como el jefe de la banda delictiva que estafó al Estado, con precios inflados de los terrenos expropiados. Por otra parte, el fiscal que participa en el debate junto a Liliana Marinero solicitó 10 años de prisión para Horacio Alday, por considerarlo partícipe necesario en la comisión delictiva (fraude) que se ejecutó en perjuicio de la Administración Pública y por defraudación por ocultamiento o sustracción de medios o elementos de pruebas, sumado a encubrimiento por recepción dolosa agravada por el ánimo de lucro.
Por su parte, el fiscal pidió 9 años de prisión efectiva para Ana María Melvin, la ex perito oficial imputada en el hecho tras ser considerada autor material responsable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para el ex juez del Quinto Juzgado Civil, Carlos Macchi, los funcionarios del MPF pidieron 8 años de pena, mientras que para Néstor Adán Ruiz, el ex empleado de Recursos Energéticos, también solicitaron 8 años de prisión efectiva por el delito de estafa y defraudación por ocultamiento de medios de prueba e integrante de una asociación ilícita.
El ex fiscal de Estado, Mario Díaz, por su parte, afronta un pedido de condena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autor material responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en función del delito de estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario público e integrante de una asociación ilícita.
Se calcula que el fraude que afectó las arcas públicas alcanzó los 15 millones de dólares o 15 mil millones de pesos. El fiscal Galvani procedió a dar un detalle exhaustivo de cada caso en los que los imputados, cada uno desde su lugar y cumplimiento de funciones, ya sea en la justicia, en la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Tasaciones, accionó para dar marcha a la ingeniería delictiva.
Ahora será el turno de la parte querellante que representa a la Fiscalía de Estado, encarnada por Rubén Pontoriero, para que exponga sus argumentos y pretensiones de castigo para los involucrados en el caso. Una vez finalizada su puesta, será el turno de los defensores para darle a conocer al tribunal por qué sus patrocinados no deben recibir un castigo.
Cabe recordar que la ex jueza del 1° Juzgado Civil, Rosalba Marún de Sobelvio, y el ex abogado de la Fiscalía de Estado, Norberto Baistrocchi, que fallecieron durante el proceso. Por otro lado, Pedro Bazzani, ex miembro del Tribunal de Tasación, fue apartado por tener una enfermedad mental.
Los jueces del tribunal que preside el juicio son Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia Zaldo, y serán ellos quienes finalmente definan la culpabilidad y si corresponde aplicar las penas solicitadas por una y otra parte.
Se trata de los ex miembros del Tribunal de Tasación Adolfo Cravero, Julio Fernández, Eduardo Olivera y José Díaz Moreno; y los peritos de parte Víctor Bustos, Fernando Videla y Juan Pablo Quiroga.
Cravero: 3 años de prisión efectiva por ser autor material responsable de los delitos de tentativa de fraude e incumplimiento de los deberes de funcionario público e integrante de una asociación ilícita
Fernández: 3 años de prisión efectiva por ser autor material responsable de los delitos de tentativa de fraude e incumplimiento de los deberes de funcionario público e integrante de una asociación ilícita.
Olivera: 3 años de prisión efectiva por ser autor material responsable de los delitos de tentativa de fraude e incumplimiento de los deberes de funcionario público e integrante de una asociación ilícita.
Días Moreno: 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, por fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Bustos: 6 años de prisión efectiva por ser responsable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, además, integrante del delito de asociación ilícita.
Quiroga: 5 años de prisión efectiva por ser material responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y, además, integrante del delito de asociación ilícita.
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