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SUSCRIBITEEl uniformado que cumplía funciones en el Penal de Chimbas fue suspendido de sus funciones, luego de haber sido denunciado, y ahora fue imputado formalmente por la fiscalía. Además, le endilgan el delito de incumplimiento de sus deberes como funcionario público.
Después de haber sido denunciado por un preso, por quedarse supuestamente con un auto que no era suyo, el jefe penitenciario que fue suspendido por las autoridades a causa de las sospechas fue acusado formalmente este miércoles por la fiscalía, que lo imputó de abuso de autoridad y de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real con coacción.
Se trata de Gustavo Aballay, el Alcaide Mayor que prestaba tareas en el Servicio Penitenciario, quien está siendo investigado por quedarse con el vehículo de un interno con quien había entablado una relación de amistad. Según indicó el Ministerio Público, el sujeto aprovechó el vínculo de confianza que había forjado con el denunciante, identificado como José Armando Aranda, le pidió prestado un Fiat y luego hizo la pantomima de comprárselo.
Sin embargo, acorde manifestaron el fiscal Adolfo Díaz y su ayudante fiscal César Recio, de la UFI Nº6 de Delitos Especiales, la autoridad del Penal de Chimbas no cumplió con lo acordado, sólo le hizo un pago por el rodado que ya tenía en su poder y luego se desentendió de todo. Incluso, habría sacado provecho de que el denunciante regresó tras las rejas para evadir la responsabilidad asumida.
La investigación que se inició en abril de 2024 y que se formalizó este 5 de febrero se extenderá por el término de un año y, aunque el acusado quedará en libertad, por orden del juez de Garantías Diego Manuel Sanz, no podrá acercarse a la presunta víctima ni tampoco podrá salir del país sin los debidos permisos de la Justicia. Además, cada 30 días deberá presentarse en la Comisaría 34º de La Bebida para mostrarse a disposición del proceso judicial que se desarrolla en su contra.
Todo habría iniciado cuando a principios de 2020, el interno y el jefe penitenciario entablaron una relación por conveniencia. Aranda, que cayó tras las rejas y que se desempeñaba como empresario en el área de exportación de pasas, se vinculó con Aballay adentro de los muros. El uniformado le daba tareas de limpieza en su oficina y, a cambio, éste le prestaba un Fiat Stilo.
Todo estaba bien hasta que en 2022, el preso recibió la prisión domiciliaria y en ese momento le solicitó que le regresara el vehículo. Pero Aballay se negó a hacerlo. Pese a las insistencias del denunciante, que meses más tarde regresó al Penal, el imputado hizo caso omiso y, por la jerarquía que ostentaba tras las rejas, comenzó a hacerle la vida imposible al interno.
Acorde indicaron los representantes de la fiscalía, el jefe penitenciario lo amenazó de muerte y fue el autor intelectual de ataques del que fue blanco. Es por eso que, cansado de la situación, Aranda lo denunció en la justicia penal y al cabo de 10 meses de instrucción preliminar, la fiscalía apuntó fuerte contra Aballay.
Producto de la denuncia, el uniformado fue apartado de sus funciones de la cárcel y se le abrió un sumario administrativo, al mismo tiempo.