El hombre que convivió los últimos años con graves sospechas sobre sus espaldas, por la investigación judicial que lo tenía en la mira por un presunto abuso sexual contra un niño de un hogar del estado, volvió a verse beneficiado por un fallo unánime que lo absolvió en segunda instancia. Es que si bien el tribunal del juicio lo había absuelto, la fiscalía apeló el fallo y, por ello, la causa derivó en el Tribunal de Impugnación.
Como consecuencia, la autoridad superior analizó la queja que presentó la fiscal de Ingrid Schott y, finalmente, resolvió respaldar la sentencia inicial. Los jueces jueza Ana Lía Larrea, Maximiliano Blejman y Martín Heredia Zaldo manifestaron que no existía un motivo de agravio valedero que conmoviera la posición adoptada por el tribunal que lo juzgó y lo libró de culpa y cargo.
Además, los magistrados de Impugnación indicaron que la mayoría de los agravios que el Ministerio Público mencionaba en su planteo trataban sobre lo mismo, es decir, "una mera disconformidad de la impugnante". Por ello, señaló: "A contrario de lo indicado por la Dra. Schott, para nada ha resultado arbitrario, incongruente y con falta de motivación como lo ha expresado".
La defensa técnica, representada por Ivana Salas y Rodrigo Aguirre, se había opuesto a la presentación de la fiscal de ANIVI. Sostenían la inocencia del hombre que afrontaba la posibilidad de ser condenado a 13 años de prisión y aseguraban que los hechos, directamente, no habían ocurrido.
Tras varias audiencias en el debate oral y público, en la que participaron diversos testigos, los jueces Javier Figuerola, Federico Rodríguez y Pablo Leonardo León dictaron la sentencia absolutoria. Todos coincidieron que no había elementos para atribuirle la autoría del delito que se investigaba, abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la condición de cuidador.
Calivar trabajaba como cuidador en un hogar del estado cuando fue denunciado por personal del Hospital Rawson por un supuesto ataque sexual contra uno de los chicos que cuidaba. El menor había llegado al nosocomio con lesiones compatibles con una agresión de ese tipo y cuando fue consultado por lo que le había ocurrido lo señaló al celador.
Los profesionales médicos radicaron la denuncia y se inició la investigación de ANIVI, la que más adelante sostuvo la fiscal de Ingrid Schott. Según sostenía en su teoría del caso, el acusado convivía 24 horas con los menores, entre ellos, la presunta víctima y, en ocasiones, aprovechó la situación para perpetrar las supuestas atrocidades.