Este miércoles se retomó uno de los juicios más relevantes en la historia reciente de San Juan. Los acusados enfrentan cargos por la supuesta estafa al Estado a través de un esquema que habría defraudado por más de 15 millones de dólares. Se trata de una "industria del juicio", según lo indicó el abogado querellante Rubén Pontoriero, quien representa a la Fiscalía de Estado y sostiene que esta red operaba con la connivencia de jueces, abogados y peritos. El objetivo: inflar el valor de expropiaciones y obtener sumas desproporcionadas de dinero público.
El principal acusado, Santiago Graffigna, es señalado como el líder de esta estructura que, de acuerdo con el Ministerio Público y la querella, no solo estafó al Estado en casos puntuales, sino que creó un mecanismo sistemático de fraude. Pontoriero, quien ha tenido un papel destacado en el proceso, ha solicitado una pena de 25 años para Graffigna, mientras que para los demás imputados, entre ellos funcionarios y profesionales del derecho, ha pedido penas altas, que podrían llevar a más de la mitad de los acusados a la cárcel.
La trama: una industria bien aceitada
Según Pontoriero, esta "industria del juicio" operaba bajo una apariencia de legalidad. "Lo que nosotros hemos denunciado es que se trataba de procesos espurios. No había un juez independiente, ni contrapartes reales. Todos jugaban para el mismo equipo", explicó. Las prácticas fraudulentas incluían falsos testimonios, manipulación de pruebas y peritajes amañados.
Uno de los casos más emblemáticos es el de las expropiaciones en Cuesta del Viento, donde se llegó a pagar 3,5 millones de dólares por terrenos catalogados como inexplotables. Otro ejemplo alarmante es la readecuación del precio de una vereda en la calle Mitre, cuyo costo final fue de 800.000 dólares. “La vereda más cara del mundo”, ironizó Pontoriero durante su alegato en Paren las Rotativas.
Pero el caso no termina allí. Según la Fiscalía de Estado, los imputados lograron que la provincia pagara sumas exorbitantes por otras propiedades, como la expropiación de terrenos pertenecientes a la escuela de San Vicente de Paul, que costaron 6,5 millones de dólares. "Lo que se pagó, solo en esta causa, alcanza los 12 o 13 millones de dólares al valor de 2010", detalló el abogado.
Un riesgo financiero inminente
Más allá del impacto judicial, las consecuencias económicas de este juicio podrían ser devastadoras para la provincia. Si el tribunal no encuentra culpables a los acusados, podrían reactivarse ejecuciones de sentencias ya firmes, con montos que suman hasta 300 millones de dólares, incluyendo intereses y honorarios. Un ejemplo es la causa por la expropiación del Parque de Mayo, cuyo fallo exige el pago de 250 millones de dólares.
Pontoriero aseguró que se han tomado medidas preventivas, como la aplicación de cautelares, para evitar que la provincia enfrente estas liquidaciones mientras dure el juicio penal. Sin embargo, si no hay condenas, las cautelares caerían automáticamente, dejando al Estado provincial en una posición vulnerable.
Fase final: ¿qué esperar?
El juicio está entrando en su etapa decisiva. Actualmente, los acusados presentan sus alegatos finales. Graffigna es el primero en esta fase, y se espera que concluya su exposición en la próxima audiencia. Luego será el turno de los otros ocho imputados. De acuerdo con el cronograma, las últimas audiencias se extenderán hasta abril de 2025, y la sentencia podría conocerse hacia finales de ese mes o comienzos de mayo.
Pontoriero se mostró confiado en el trabajo de la acusación y en la contundencia de las pruebas presentadas. "Estamos convencidos desde el primer día. Ahora depende de los jueces", afirmó. En caso de una condena, el tribunal deberá decidir si los acusados cumplen la revisión de casación en libertad o en prisión.
Además, la Fiscalía de Estado -a través del pedido que hizo Sebastián Dávila al tribunal durante el juicio- ha solicitado la restitución de los fondos defraudados. Sin embargo, la recuperación de estos montos no será automática ni sencilla, ya que dependerá de procesos posteriores que podrían incluir nuevas investigaciones por blanqueo de capitales.
Un juicio que podría sentar precedentes
Este caso no solo busca sancionar a los responsables, sino también establecer un precedente para prevenir futuras estafas al Estado. La "industria del juicio" que Pontoriero describe, podría ser desarticulada definitivamente si el tribunal emite una sentencia ejemplar. Este juicio histórico promete redefinir los estándares de justicia en la provincia.
