La Cámara Federal confirmó este jueves el procesamiento del ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y otros ex funcionarios por el escándalo del “ Vacunatorio VIP”, pero ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti a profundizar en la responsabilidad de los que recibieron esas dosis de manera privilegiada. Entre ellos se encuentra el ex Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el diputado Eduardo Valdés, el ex ministro Jorge Taiana, el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y su familia o el periodista Horacio Verbitsky, entre otros, según revelaron a Infobae fuentes judiciales.
“Reservada para unos pocos, según criterios de utilidad y necesidad, la vacuna fue puesta al alcance de un grupo selecto que, por parentesco o por amistad, burló los esquemas impuestos a toda la generalidad”, dijeron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens en el fallo al que accedió Infobae. Los imputados redireccionaron la voluntad estatal hacia un fin privado, nominalizando el espacio en el que debía regir un anonimato solo guiado por la necesidad de proteger a los más vulnerables. La amistad o la familia imperó por sobre quienes más necesitaban la protección frente a una de las mayores pandemias sufridas por la humanidad en los últimos años. De ahí, su responsabilidad penal.
Los jueces subrayaron que algunos de los imputados intentaron deslindar la responsabilidad. “Pese a que se han invocado distintos porcentajes para demostrar que se había superado ya el primer estrato de prelación para avanzar en la vacunación de los demás ciudadanos, lo cierto es que el procedimiento, a la época de los hechos, seguía siendo riguroso. No sólo aún existía un orden jerarquizado que seguir, sino que además debía observarse un estricto protocolo para acceder a la cobertura. No cualquiera, ni en cualquier momento, podía vacunarse”.
“Ciertos segmentos de la población debían aguardar su llamado, y quienes sí podían hacerlo no la recibían a su discreción, sino previo turno de rigor en el cual se habilitaban centros y horarios disponibles. En ese marco, el que unos pocos hayan recibido el tratamiento exclusivo que obtuvieron, según el relato de hechos, cristaliza una inadmisible torsión de la senda que la ley imponía. Aun cuando por edad hubiesen tenido derecho a la vacunación a ese tiempo, la desviación de recursos humanos y materiales para ser vacunados en la comodidad de su hogar, o en un vacunatorio instalado para la ocasión, es la más clara demostración de que lo actuado no estuvo amparado por la legalidad”, sostuvo el fallo al que accedió Infobae.
El fallo confirmó así los procesamientos de Ginés González García; Alejandro Salvador Costa, subsecretario de estrategias sanitarias de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de la Nación; Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García; y Alberto Alejandro Maceira, director nacional ejecutivo del Hospital Posadas. En cambio, María Elena Borda, jefa de medicina preventiva del Hospital Posadas, fue desprocesada. El tribunal redujo los montos de los embargos. De 130 millones que pesaban sobre el ex ministro, ahora son 20 mil millones.
La Cámara Federal además le volvió a encomendar a Capuchetti profundizar la investigación ya no sobre “los funcionarios involucrados, sino también de quienes se beneficiaron de ese espurio obrar” “Sobre estos últimos deberá enfocarse la investigación”, se advirtió. El fallo señaló que sobre esas personas no se había avanzado: “Hemos de encomendar a la a quo (jueza) que asuma la misión indicada, integrando plenamente el escenario procesal a fin de aventar el peligro de que se exima de respuesta punitiva a quienes deben afrontar las consecuencias de haber disfrutado de provechos ilegales”.
El escándalo del vacunatorio
La causa se inició cuando el periodista Horacio Verbitsky contó en un programa de radio cómo había ido a vacunarse el 18 de febrero de 2021 al ministerio de Salud después de un llamado de González García. Quería adelantarse a una publicación del diario Clarín que ya tenía el dato. Para ese momento, la vacuna no estaba destinada a la población común. El Ministerio había armado un cronograma de personas con “prioridad epidemiológica” para recibir su dosis: el personal médico, los mayores y el “personal estratégico”, una terminología gris en la que se encuadró a varios funcionarios. De inmediato se impulsaron denuncias judiciales. La primera fue del hoy legislador porteño Yamil Santoro.
En el listado de vacunados VIP aparecieron además de Verbitsky, el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos hasta el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González y las hijas de ambos, el ministro de Economía Martín Guzmán, el entonces canciller Felipe Solá, el ex embajador en Brasil, Daniel Scioli, el ex ministro de Defensa Jorge Taiana (cuando era senador) y el diputado Eduardo Valdés. También el ex ministro de Salud Ginés González García y varios empresarios amigos suyos. Buena parte de los vacunados Vip -el presidente incluido- fueron registrados como personal de salud, en los listados del Posadas.
En marzo de 2021, el fiscal Eduardo Taiano imputó al ex ministro y su sobrino y ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli, a Alejandro Collia y Marcelo Guillé. El director del Posadas declaró como testigo: dijo que recibió instrucciones de los funcionarios de Salud para atender a algunos recomendados en el vacunatorio del Hospital Posadas, que esos privilegiados llegaron “sin respetar la fila de los que estaban aguardando” y que eso generó malestar entre los empleados. Por eso surgió la idea de que los siguientes vacunados fueran directamente al Ministerio de Salud.
El 8 de julio de 2021, la jueza Capuchetti decidió archivar parcialmente el caso: afirmó que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”. Y entendió que las autoridades sanitarias establecieron un plan para vacunar contra el coronavirus que permitía una simultaneidad en la inoculación para los grupos prioritarios. “La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal”, escribió la magistrada en julio pasado. Sobre esos párrafos de su resolución, el ex presidente Alberto Fernández estructuró parte de su defensa en la causa del Olivos-gate.
Pero en agosto del 2021 la Cámara Federal revocó ese archivo por pedido de la Procuración de Investigaciones Administrativas y ordenó profundizar la investigación. Tras el desfile de indagatorias, la jueza dictó los procesamientos el 12 de julio pasado. Las defensas apelaron: insistieron en que no hubo delito. En declaraciones públicas, Ginés González García subrayó que “lo abandonaron políticamente” y ni siquiera pudo defenderse.
Fuente: Infobae
