Una por una, las 44 normas comerciales que derogó Javier Milei y su impacto en la economía

“El Gobierno nacional derogó normas sin uso en la actualidad que dejaban abierta la posibilidad de ser aplicadas para fijar precios, intervenir en la actividad privada y someter a los ciudadanos a requerimientos sin sentido”, indicó el Ministerio de Economía de Argentina en un comunicado.

Con esta acción ya son 151 las derogaciones que ejecutó el gobierno libertario en menos de un año de gestión. Cabe recordar que fue parte del proceso de campaña de Javier Milei apuntar a la eliminación de la burocratización como disminuir trabas administrativas que solo representaban costos extras y tiempos perdidos. Esta última medida se alinea a la intención oficial de reducir la intervención estatal en áreas que no consideran necesarias.

Una por una, las normas comerciales derogadas

Fue el mismo Javier Milei quien compartió la novedad en su cuenta de X, con fotos detallando cada una de las normas y realizando comentarios aparte sobre cada una de ellas. Junto con las fotos, escribió: “44 Normas restrictivas a la libertad comercial. Afuera!”.

Normas sobre alimentos y su impacto en los precios

Se derogaron normas que regulaban los precios dentro de la cadena de comercialización. Entre ellas destacan la Resolución 1/2006 y la Resolución 38/2008, que imponían precios máximos para la carne vacuna, tanto en cortes industriales como de consumo minorista y mayorista. Estas medidas buscaban proteger a los consumidores de incrementos abruptos, pero también fueron señaladas por el sector privado como un obstáculo para la rentabilidad de los productores.

Se eliminó la Resolución 26/2007, que obligaba a las empresas lácteas a pactar precios con el Gobierno. Si bien se buscaba una competitividad en productos esenciales en un inicio, esto no fue así con el paso de los años y los cambios surgidos en el sector.

“Súper Cerca” y “Precios Justos”, dos programas más recientes, también fueron dados de baja. Sobre ambos, Milei aseguró que no cumplieron sus objetivos principales, y que incluso el segundo solo generó que los precios siguieran subiendo.

Comunicaciones y dos normas derogadas

Dentro del paquete se encontraba la Resolución 50/2010 que fijaba pautas para la comercialización de servicios de televisión paga que establecía criterios estrictos para el ajuste de precios, los cuales debían ser informados al Estado. También se eliminó la Resolución 1/2010 que obligaba a igualar los precios de comercialización del papel para diarios. La misma había sido fuertemente cuestionada por su falta de adaptación a la digitalización de la industria.

Simplificar la homologación de neumáticos, el motivo detrás de una de las derogaciones

La Resolución 25/2007 regulaba la homologación de neumáticos. Este proceso requería cumplir con requisitos adicionales aprobados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que se consideraron redundantes respecto a los establecidos por la Ley de Defensa del Consumidor. Según el Ejecutivo, su eliminación reducirá costos para las empresas y acelerará el ingreso de productos al mercado, beneficiando también a los consumidores con precios más competitivos.

Programas que nunca prosperaron, en el combo de derogaciones

Como ya se había adelantado en más de una oportunidad, el Ejecutivo iba a poner el ojo en aquellos programas que se crearon pero que no tuvieron un impacto real en la sociedad, o quedaron obsoletos.

Entre los que se dieron de baja, se encuentra la Resolución 155/2007m que otorgaba una compensación de 30 pesos por kilo a los agentes minoristas que comercializaran papa de “calidad comercial”. Teniendo en cuenta los valores actuales, esta política que se implementó en un contexto específico ya no cumplía con su propósito.

También se derogaron el programa “Mercado en tu barrio”, “Mercado Federal Ambulante”, “Casas de la Producción” y el “Plan Productivo Verde”, calificados como inactivos.

Además, se eliminaron estructuras burocráticas como la Unidad Ejecutora Especial “Argentina Productiva 2030″ (Resolución 236/2022) y la Unidad de Evaluación Técnica de Proyectos Productivos para el Cambio Estructural (Resolución 487/2020). Ambas eran consideradas costosas y carentes de actividad concreta en los últimos años.