Cinco personas fueron detenidas en las últimas horas en el marco de una causa que investiga una presunta estafa millonaria relacionada con la empresa Márquez y Asociados, dedicada a la construcción de viviendas. Entre los arrestados se encuentran los hermanos Márquez, principales directivos de la firma, y su contador. Todos fueron imputados por asociación ilícita y estafas reiteradas.
El abogado Iván Mochkofsky, representante de al menos una veintena de damnificados, confirmó que este lunes comenzará a presentar formalmente los casos ante la Justicia. En diálogo con LV16, el letrado sostuvo que la empresa se ganó la confianza del público a través de agresivas campañas publicitarias en medios de comunicación, donde ofrecían viviendas "llave en mano" listas en 12 meses y con planes de pago accesibles.
Sin embargo, con el correr del tiempo, las obras comenzaron a demorar e incluso muchas nunca fueron iniciadas. “La falta de capacidad operativa para responder a la alta demanda expuso el verdadero funcionamiento del sistema”, explicó Mochkofsky. Según detalló, se trataba de una maniobra con características piramidales: los fondos de los nuevos clientes eran utilizados para cumplir con compromisos adquiridos previamente.
Los detenidos son Juan Pablo, Matías, Lucas y Ariel Márquez, y Ramiro Nieva, contador de la empresa. Los detenidos son Juan Pablo, Matías, Lucas y Ariel Márquez, y Ramiro Nieva, contador de la empresa.
El abogado remarcó que los contratos incluían valores de metro cuadrado por debajo del promedio del mercado y facilidades tentadoras para sectores con pocas posibilidades de acceder a una vivienda propia. “Era una oferta muy atractiva para quienes no tenían la capacidad económica para comprar por los medios tradicionales”, señaló.
A pesar de que hasta el momento la causa avanza con 11 denuncias, el número de afectados sería mucho mayor. “Tenemos más de 20 casos confirmados y se siguen sumando personas todos los días”, indicó Mochkofsky, quien reveló que también recibieron consultas desde distintas provincias como Córdoba, Santiago del Estero, Buenos Aires y Tierra del Fuego.
La firma cerró sus oficinas, cesó toda actividad comercial y dejó de responder a sus clientes. Incluso, algunos empleados intimaron a la empresa por sueldos impagos. “Esto recién empieza. Es la punta del iceberg”, advirtió el abogado.