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SUSCRIBITEEl caso se descubrió gracias a la denuncia de una vecina que alertó sobre la situación.
A fines del año pasado, la localidad salteña de General Güemes se estremeció en cuanto se dio a conocer el caso de una mujer con discapacidad de 42 años que fue rescatada de su casa, luego de ser encontrada encadenada a la cucha de un perro.
El caso salió a la luz tras la denuncia de una vecina, quien el 29 de diciembre de 2024 alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona atada con cadenas en el fondo de una vivienda. Según el relato de la denunciante, la víctima se encontraba en condiciones deplorables, rodeada de inmundicia, maleza y animales.
Este martes, la Justicia de Salta imputó a tres personas, entre ellas la madre de la mujer, por un presunto caso de privación ilegítima de la libertad agravada. Los investigadores creen que habría sido sometida a torturas y tratos indignos en su domicilio del barrio Centro.
Tras la denuncia de la vecina, se ordenó un operativo policial en la casa para investigar. En el lugar, los efectivos fueron atendidos por la mamá de la víctima, quien negó las acusaciones y trató de impedir el ingreso a la vivienda.
Sin embargo, tras una insistente verificación, los agentes encontraron pruebas que respaldaron las acusaciones de maltrato y descuido.
Según el informe policial, al ser interrogada, fue la misma víctima quien entregó una cadena que supuestamente era utilizada para mantenerla inmovilizada. La madre justificó las condiciones al decir que su hija es “violenta” y que “se le escapa”.
El fiscal Gustavo Vilar Rey de la Fiscalía Penal de General Güemes fue quien tomó intervención en el caso y dispuso medidas urgentes, como la evaluación del estado de salud de la mujer -a cargo de los médicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF)-, así como la instalación de una consigna policial fija en la vivienda.
La damnificada fue citada para declarar en una audiencia a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). En su testimonio, identificó a los imputados, entre ellos su madre (61 años), su padrastro (55 años) y otro integrante del grupo familiar (44 años), quienes habrían participado del maltrato.
Estas tres personas fueron imputadas por ser los presuntos autores del delito de privación ilegítima de la libertad agravada, en calidad de coautores. Los acusados se negaron a declarar y se presentaron acompañados de su abogado particular.