El Gobierno de Italia sacudió a la comunidad de descendientes de italianos al aprobar este viernes, mediante un decreto-ley, reformas significativas en el trámite de la ciudadanía iure sanguinis.
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SUSCRIBITEA través de decretos ley el gobierno italiano extendió plazos, implantó cupos, y generó otras modificaciones que harán más engorroso el obtener la ciudadanía por parte de descendientes.
El Gobierno de Italia sacudió a la comunidad de descendientes de italianos al aprobar este viernes, mediante un decreto-ley, reformas significativas en el trámite de la ciudadanía iure sanguinis.
Esta decisión, anunciada en la agenda de la reunión del Consejo de Ministros, prescinde de la larga tramitación parlamentaria propia de los proyectos de ley, generando una implementación más rápida de las nuevas normativas.
Según lo publicado por InfoCivitano, la reunión del Consejo de Ministros incluyó dos proyectos de decreto-ley y un proyecto de ley vinculados a la ciudadanía italiana.
La diferencia crucial radica en que los decreto-ley tienen implementación inmediata tras su aprobación, requiriendo solo una ratificación posterior, tal como establece el artículo 77 de la Constitución Italiana.
Aunque el contenido exacto de los decretos no se ha especificado completamente en la agenda oficial, el portal Italianismo publicó un borrador de uno de los proyectos de ley que se cree podría estar en línea con las medidas adoptadas. Los puntos centrales que se anticipan incluyen:
La abogada especialista en Ciudadanía Italiana, Mónica Restanio, consultada por InfoCivitano, considera que estas iniciativas son parte de una “campaña” en contra de los descendientes y su derecho constitucional a la ciudadanía italiana.
Restanio señala que estas medidas reflejan una tendencia que se viene manifestando desde diferentes sectores políticos, judiciales y mediáticos.
Se estima que la nueva modalidad, en caso de confirmarse, se implementaría a partir del 1 de enero de 2027. Esta posibilidad genera gran preocupación entre los abogados, quienes anticipan una mayor ralentización de los trámites tanto en consulados como en tribunales ante el cambio de sistema.
Hasta finales de 2025, los consulados seguirán recibiendo solicitudes, pero con un límite proporcional al número de casos concluidos en el año anterior.
Según los especialistas, las medidas adoptadas podrían estar en línea con proyectos previamente presentados por figuras del gobierno como el senador Roberto Menia y el diputado Antonio Tajani.
Estas iniciativas han propuesto limitar las generaciones que pueden “saltarse” para obtener la ciudadanía, exigir la acreditación del idioma italiano y un tiempo de residencia en Italia.