Si el rey emérito Juan Carlos creyó que los 5.600 kilómetros que separan Madrid de Abu Dhabi -adonde se mudó en agosto del 2020, cercado por escándalos financieros y del corazón- acallarían las denuncias en su contra y traerían serenidad al reino de España luego del alboroto que provocaron sus tropelías, se equivocó. Un grupo integrado por ex magistrados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción retirados e intelectuales, entre los que figura Pilar del Río, la periodista y traductora que fue esposa del Nobel de Literatura José Saramago, acaba de presentar una querella en su contra.
Los querellantes aclaran que, aunque no aspiran a ver al monarca que reinó España durante casi 40 años en un calabozo, sí quisieran que él y quienes lo financiaron mientras vivía tirando manteca al techo presten declaración. Y que si el Tribunal Supremo lo encuentra culpable de los delitos que señala la querella, pague la multa más alta.
“No tenemos ni el más mínimo interés que se pongan penas de prisión, pero lo que sí pedimos es que la multa que se prevé sea en su grado máximo”, dice el ex magistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín, uno de los querellantes.
Sustentan su reclamo en que el rey emérito, antes de desembolsar los dos pagos que realizó para ponerse al día, fue advertido acerca de la investigación que el fisco le estaba realizando.
“La regularización está mal hecha”, lo resume el ex magistrado.
En diciembre de 2020, Juan Carlos pagó unos 700 mil euros, prueba de que admitía un manejo desprolijo y esquivo de sus propias finanzas. Y en febrero de 2021 su abogado entregó a la AFIP española, en su nombre, otros 4,4 millones de euros.
“S.M. el Rey D. Juan Carlos me ha dado instrucciones para que haga público que ha procedido a presentar ante las Autoridades Tributarias competentes, una declaración sin requerimiento previo de clase alguna, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 4.395.901,96 euros incluyendo intereses de demora y recargos”, decía el comunicado que su abogado, Javier Sánchez-Junco, hizo público.
La suma correspondía a deudas tributarias atribuidas a los casi ocho millones de euros con los que Juan Carlos se benefició para volar en jets privados pagados, hasta 2018, por la Fundación Zagatka, que pertenece a su primo Alvaro de Orleans. Y por el uso de tarjetas de crédito que le había “regalado” un empresario mexicano amigo suyo.
La inviolabilidad del rey
“Las diligencias de investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo comienzan en 2020 y terminan el 2 de marzo de 2022. En ellas se recogen una serie de hechos delictivos, así los considera la Fiscalía, pero los va desechando por la inviolabilidad del rey o por la prescripción”, repasa Martín Pallín.
En marzo de 2022 la Fiscalía General del Estado archivó la investigación, amparándose en que hasta 2014, cuando Juan Carlos abdicó en favor de su hijo Felipe, sus movimientos estaban blindados por la inviolabilidad del monarca.
Sin embargo la querella se detiene en un detalle que no es menor: en junio de 2014, Juan Carlos I dejó de ser monarca y jefe de Estado. Al abdicar en favor de su hijo, le transfirió no sólo la corona de España. Su inviolabilidad también.
Y los hechos a los que apuntan los querellantes partirían con la declaración de impuestos que el rey emérito debería haber hecho en 2015 de acuerdo a su renta 2014.
“Nosotros pretendemos con la querella es que se admita que las regularizaciones fiscales de las declaraciones de la renta de 2014 a 2018 no se hicieron con arreglo a la ley. Por tanto, en un Estado democrático, el que tiene la última palabra siempre es un tribunal de justicia. En este caso, el Tribunal Supremo”, insiste el ex juez.
Hasta cuándo se puede regularizar una deuda
La Fiscalía sostuvo que las regularizaciones tributarias del rey emérito estaban correctamente hechas porque, aunque se le hubiera notificado a su defensa que estaba siendo investigado, no se le habían dado detalles de las cantidades adeudadas ni de esa investigación, por lo cual, no se la podría considerar una notificación formal.
Juan Carlos fue beneficiado con una medida que al resto de los mortales que pagan impuestos en España no les está permitido: una vez que Hacienda inicia una investigación por dudas de fraude fiscal, ya no es posible regularizar lo no tributado en su momento.
Es precisamente lo que le sucedió al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, quien fue denunciado por la Fiscalía por fraude fiscal e intentó compensar con un pago tardío de medio millón de euros que Hacienda le devolvió. “El contribuyente lo ha hecho una vez que la Inspección ha entrado a examinar la veracidad de lo declarado”, señaló el expediente de la AFIP española sobre González Amador.
Según el artículo 305.4 del Código Penal, “se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación”.
“Es posible una regularización voluntaria pero con dos premisas: siempre que se haga antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o de que un juez lo cite a declarar por investigado en un presunto fraude fiscal o por blanqueo de capitales. Si no ha ocurrido todavía, se puede proceder a la regularización voluntaria”, lo explicó a Clarín Juanjo Alvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad del País Vasco y cofundador del Instituto de Gobernanza Democrática, en 2021, cuando surgieron las dudas sobre la validez del pago con el que el emérito se propuso saldar sus deudas con Hacienda.
Delitos que no prescribieron
La querella argumenta, además, que los delitos por los que señalan a Juan Carlos I no prescribieron porque se cometieron con agravantes. “Delito agravado se considera cuando la defraudación fiscal supera los 600 mil euros o cuando la defraudación se realiza a través de fundaciones, paraísos fiscales u otros intermediarios”, aclaran.
“Se dijo también que el rey no tenía ese dinero sino que se lo prestaron entre 12 personas. Si ha sido una donación, tendría que haber tributado por eso también”, agrega el ex magistrado querellante.
“La regularización está mal hecha -insiste Martín Pallín-. Y creemos que en una sociedad democrática que se precie unos hechos de esta naturaleza tienen que ser depurados por un tribunal de justicia. Con respeto, la Fiscalía ha hecho un gran trabajo pero no compartimos su tesis sobre la regularización.”
“No es normal que la Agencia Tributaria se haya pasado cinco años mirando para otro lado. Pero bueno, ellos tendrán que dar la explicación”, sentencia.
FUENTE: Clarín
