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SUSCRIBITEDesde la intendencia ratificaron que no pueden cubrir los costos del mantenimiento del servicio. Por este motivo, trabajan con los equipos técnicos en busca de alternativas, como solicitar una ayuda económica del Gobierno local.
La “motosierra” de la gestión de Javier Milei provocó un nuevo cimbronazo en San Juan. En esta oportunidad, la problemática que afecta a la provincia es el gasto de luz en los 19 departamentos. Un municipio dio a conocer su situación y expresó tener muchos inconvenientes para afrontar el pago de la tasa del alumbrado público y, por este motivo, pedirían una ayuda económica al Gobierno local.
“Es inviable prestar ese servicio”, dijo la intendenta de San Martín, Analía Becerra. La jefa comunal dio a conocer en Estación Claridad que las arcas municipales no les alcanzan para mantener el servicio, en caso de eliminarse los cargos ajenos al consumo eléctrico. Por mes, deben abonar el 30% del total de la boleta de luz, siendo un monto cercano a los $20 millones por mes.
Ante este escenario, los equipos técnicos trabajan para evaluar medidas. Entre ellas, realizar un descargo en defensa del impuesto o pedir compartir los gastos con el Gobierno de San Juan. Actualmente, Becerra manifestó que la intendencia solamente se hace cargo del costo del alumbrado público.
Hay otra situación que preocupa en San Martín “Solo el 20% de los habitantes paga las tasas municipales”, dijo la jefa comunal. Aseguró que los vecinos tienen inconvenientes para abonar todos los impuestos. Por este motivo, la tasa viene incluida en la factura.
También habló sobre las problemáticas del mantenimiento del servicio, cuando el departamento tiene distancias extremas. “Nos resulta muy costoso. En 10 kilómetros tenemos una sola casa, y, sin embargo, en ese trayecto funcionan unas 160 luminarias”, dijo.
Desde hace ya varios años que entidades empresarias vienen reclamando sin éxito terminar con esta modalidad que encarece las facturas de electricidad. La respuesta de los diferentes gobiernos municipales y del ejecutivo provincial de gestiones anteriores y de la actual, es que, de no hacerlo de esta manera será imposible sostener el alumbrado público en la provincia.
En las épocas de la pandemia de Covid el tema fue protagonista en las mesas del Acuerdo San Juan. En el 2020 el gobierno provincial, junto a los municipios; acordaron unificar la “Tasa de Alumbrado Público” y el “Cargo por uso del Espacio Aéreo” en un solo ítem: el Cargo Único Municipal.
En ese momento se decidió también una reducción del 25% respecto a lo vigente al 30 de setiembre de 2020; y que no se les cobrará a los usuarios de Tarifa Social con consumos de hasta 1.000 kW/h por bimestre.
En junio de 2024, Marcelo Orrego se vio obligado a tomar otra medida ante la quita de subsidios que aplicó la Nación y que disparó los montos de las facturas en San Juan: puso un tope a los aumentos.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) definió que aplicará un tope a través de una fórmula interna que usa el “factor LED”: cada municipio podrá recaudar el dinero suficiente para operar, mantener y expandir el alumbrado actual con LED, sin superar 1,7 puntos. Esto lo controla trimestralmente el EPRE.
El gobierno nacional, en un claro tironeo con los municipios bonaerenses donde reinan alfiles de Kicillof, redobló la apuesta. En setiembre pasado anunció que provincias y municipios ya no podrán incluir en las boletas de los servicios públicos tasas y recargos. La noticia la dio el ministro de Economía, Luis Caputo, y luego la plasmó en una Resolución.
Tras la inquietud inicial en San Juan, todo se tranquilizó cuando los estudios de abogados definieron que, si la provincia no adhiere, no rige la medida en estas tierras. Y Orrego no ha dado indicios de que vaya a decidir esta adhesión.
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