El Gobierno aseguró que los aumentos de tarifas de luz y de gas en 2025 van a estar en línea con la inflación

En el ámbito de las tarifas de electricidad y gas natural, el gobierno ha determinado que, aunque los aumentos continuarán de manera mensual, los incrementos acumulados este año se alinearán con la tasa de inflación. Este enfoque busca mitigar el impacto en los usuarios, equilibrando la quita de subsidios y los incrementos de las tarifas de las empresas prestadoras de servicios públicos. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el ministro de Economía, Luis Caputo, transmitió esta directriz a Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, y que la ejecución recaerá en la secretaria de Energía, María Tettamanti, junto a su equipo.

Este enfoque quedó en evidencia cuando el gobierno dio marcha atrás con el fuerte aumento que iba a aplicarse en febrero sobre las tarifas eléctricas, el cual se prorrateará para que no afecte a los usuarios de forma abrupta.

En 2024, las boletas de gas residencial experimentaron un aumento del 400%, mientras que las de electricidad aumentaron un 300% en promedio, como resultado de la reducción de subsidios y de los aumentos en las tarifas de los transportistas y distribuidoras. Según datos de la consultora Economía y Energía, los subsidios a la energía cayeron un 35% real en 2024, lo que representó una reducción superior a los 3.000 millones de dólares, alineado con los objetivos del presupuesto de 2025.

Sin embargo, desde el sector energético se reconoce que la transición hacia un esquema de subsidios más "focalizado" podría tomar más tiempo del inicialmente previsto. Las autoridades temen que un error en este proceso pueda generar un fuerte impacto en los sectores más vulnerables de la población, sumado a los cortes de energía que afectan a los usuarios debido a años de desinversión en infraestructura, según los funcionarios y las empresas del sector.

Una encuesta reciente realizada por Casa Tres reveló que casi la mitad de los argentinos (44%) preferiría que las tarifas se mantuvieran sin aumento, aunque ello implique aceptar cortes de luz. De acuerdo con la misma encuesta, el 38% de los encuestados responsabilizó a las empresas por las interrupciones en el servicio, mientras que el 34% señaló al gobierno actual y el 23% al kirchnerismo.

Actualmente, las facturas de energía se componen de cuatro elementos: el costo de la electricidad o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos. Los subsidios se aplican como una bonificación sobre el costo de la energía que paga el consumidor, y la asignación de estos subsidios se basa en una segmentación de hogares según sus ingresos respecto a la Canasta Básica Total (CBT) del Indec. Esta segmentación divide a los hogares en tres categorías: altos ingresos (Nivel 1, sin subsidios), ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3).

De acuerdo con el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), 16,3 millones de usuarios residenciales están registrados en el servicio de electricidad, con cerca de 6,1 millones en el nivel N2 y 3,4 millones en el nivel N3, lo que significa que más de la mitad de los hogares recibe algún tipo de asistencia. En cuanto al gas natural, hay 9,5 millones de usuarios registrados, de los cuales el 30% se encuentra en los niveles N2 y N3.

El gobierno está estudiando una modificación en el esquema de subsidios para hacerlo más eficiente. Tettamanti llegó en octubre de 2024 con la idea de implementar un esquema similar al de la tarifa social aplicado durante el gobierno de Mauricio Macri, que distinguiría entre los usuarios que reciben subsidios y los que no. Sin embargo, esta decisión podría dejar fuera a millones de hogares de clase media, lo que generaría incrementos significativos en sus facturas.

Además, el gobierno deberá decidir cómo ajustar los aumentos en los costos de distribución y transporte que las empresas podrán aplicar durante los próximos cinco años a cambio de inversiones para mejorar la calidad de los servicios. Este ajuste se reflejará en las boletas finales a partir de abril de 2025, con un límite estipulado para que el traslado a las facturas no supere el 10% en todo el año.

A largo plazo, el gobierno tiene como objetivo establecer un sistema de actualización mensual automática para las tarifas, lo que garantizaría ingresos constantes para las empresas y permitiría un ajuste más predecible en los costos energéticos. Sin embargo, este cambio marca una diferencia con los aumentos discrecionales que se aplicaron en 2024, los cuales, después de años de congelamiento, buscaban desacelerar la inflación sin éxito.