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SUSCRIBITELa empresa Huarpe se desprendió de 30 empleados y aduce que los despidos son porque mermaron los servicios contratados en la Salud Pública.
Los despidos de la empresa de seguridad Huarpe han generado gran inquietud en San Juan.
La empresa de seguridad Huarpe, con sede en San Juan, se encuentra en el centro de una polémica luego de anunciar los despidos de unos 30 empleados. La medida ha generado una gran convulsión entre los trabajadores, quienes se sienten perjudicados por la decisión de la empresa.
Huarpe es una empresa que cuenta con contratos importantes en la minería y el sector público, lo que ha generado sorpresa y preocupación entre los empleados y los sectores sindicales. La empresa argumenta que la medida se debe a una disminución del trabajo, pero los empleados y sus representantes sindicales cuestionan esta explicación.
"La empresa no está en crisis, al contrario, se está expandiendo en la actividad minera", afirmó Roberto Correa Esbry, abogado de los empleados despedidos en declaraciones al diario 0264. "Es inaceptable que la empresa nos ofrezca solo el 50% de la indemnización, cuando sabemos que la empresa tiene los recursos para pagar el 100%".
Según trascendió, la empresa planteó pagar solo el 50% de indemnización debido a la disminución de servicios contratados por el Ministerio de Salud Pública “reflejados en una reducción horaria y de dos puestos de trabajo en los objetivos”. Además, mencionó “la no continuidad de los servicios brindados en distintos centros de salud”, como el micro hospital Báez Laspiur y el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Pocito.
El representante legal de los trabajadores despedidos, Correa Esbry sostuvo que “no existe crisis empresaria en la empresa Huarpe que justifique evitar pagar el 100 por ciento de las consecuencias del despido”. Además, resaltó que la compañía no ha demostrado que sea imposible brindar tareas en otros objetivos para reubicar al personal.
Le cuestiona también que Huarpe no tomo soluciones previas tales como reducciones acordadas de jornadas o suspensiones económicas, ni tampoco presentó un procedimiento preventivo de crisis, el cual está previsto en una ley nacional y sus decretos reglamentarios ante una situación de emergencia.
La empresa Huarpe es propiedad de Daniel Cárcamo, un ex funcionario de la gestión de José Luis Gioja: se desempeñó como director de Control Operativo del Centro Cívico durante varios años. Luego en el 2009 fundo la empresa de seguridad, y desde entonces presta servicios en el sector público estatal, en hospitales, fábricas, industrias, estaciones de servicio, terminales aéreas y terrestres y transporte de caudales, entre otros, según indica su página oficial. También se está expandiendo en la minería.
Por ello Cárcamo fue presidente de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi) de 2021 a 2023, durante la administración uñaquista. Ahora integra la comisión directiva de la entidad.
Los trabajadores despedidos han iniciado una lucha por obtener la indemnización justa, y han solicitado la intervención de la Subsecretaría de Trabajo para mediar en el conflicto. La audiencia de conciliación se realizó hoy y han pasado a un cuarto intermedio hasta el próximo 20 de enero: Huarpe insiste en pagar el 50% de indemnización, y en doce cuotas, algo que fue rechazado de plano por la parte trabajadora.
Correa Esbry también estuvo al frente del organismo laboral durante las gestiones de José Luis Gioja y de Sergio Uñac, ya que la timoneó desde fines de 2011 a 2019. Luego, hasta 2023, fue secretario Legislativo del Concejo Deliberante de la Capital.
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