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SUSCRIBITETras la “limpieza” que ordenó Milei de eliminar los cargos ajenos al consumo eléctrico en la boleta de luz, el gobierno piensa en ir a la justicia.
El gobierno de San Juan analiza acciones judiciales ante la arremetida de Nación de quitar cargos extras de la boleta de luz.
El Secretario de Recursos Hídricos, José María Ginestar; aseguró que la provincia irá a la justicia si es intimada a quitar de la factura el fondo PIEDE que se usa para realizar obras eléctricas, y añadió que los municipios harán lo mismo si los obligan a sacar de la boleta de luz la contribución municipal.
Las declaraciones del funcionario fueron realizadas en Estación Claridad tras la intimación esta semana por parte de la Secretaría de Industria y Comercio, del Ministerio de Economía de la Nación contra 95 empresas de todo el país por haber incluido tasas o cargos municipales en la boleta de luz.
En San Juan están incluidas en la investigación tanto la distribuidora Naturgy (ex Energía San Juan) como DECSA de Caucete, que son agentes de retención de cargos provinciales y municipales desde que la distribuidora provincial fue privatizada.
Ginestar dijo que el gobierno provincial “vino mirando muy de cerca este tema”, y planteó que ante los dos escenarios posibles –el provincial y el municipal- se está analizando la postura que adoptará la provincia y no descartó la judicialización.
Respecto al Fondo PIEDE que cobra la provincia, explicó que es cargo estipulado por ley que tiene vigencia hasta el año 2030. Y defendió su aplicación destinada al desarrollo de importantes obras eléctricas en la provincia.
El funcionario analizó que los municipios cobran la contribución municipal en la boleta de luz porque lo permite el contrato de concesión de la distribuidora, que está refrendado por ley. Y advirtió que en caso de dejar de hacerlo se corre el riesgo de perder ese ingreso clave para la iluminación de las calles y prevención de la inseguridad.
“Nosotros, como veedores de la política energética provincial, lo que estamos mirando es que es un peligro porque los municipios utilizan un instrumento como es la boleta de la luz, para poder cobrar un producto relacionado también a la energía”, dijo Ginestar.
“Podría asegurar que esto va a terminar judicializándose porque afecta a una fila de municipios en toda la provincia. Seguramente se dará una batería de amparos de parte de las comunas”, agregó.
Ginestar dijo que, de avanzar la medida nacional en San Juan, las municipalidades van a perder el 23% de sus ingresos porque existe un alto porcentaje de gente que no paga las tasas municipales. “Esto se va a convertir en un problema de seguridad y en un problema de salud; y eso sí ya es un problema judicial y por eso lo estamos mirando muy de cerca”.
El titular de Recursos energéticos destacó que anticipándose a que esto podría suceder en el gobierno de Milei, en junio de este año el gobernador Marcelo Orrego instruyó al EPRE para aplicar un tope a los cargos que cobran los municipios.
En este punto, el funcionario indicó que las acciones que se deban interponer para contrarestar la medida nacional quedarán a cargo de las comunas, porque la provincia no tiene mayores herramientas para actuar respeto a las contribuciones municipales.
Sin embargo, anticipó que las distribuidoras están buscando la respuesta de los abogados para afrontar las intimaciones que han recibido las distribuidoras. De acuerdo a la intimación nacional, las empresas tienen cinco días hábiles para hacer su descargo. Cumplido ese plazo la Secretaría de Industria y Comercio sancionará a las empresas que no cumplieron la norma, de acuerdo a lo previsto por la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, que en su artículo 47, inciso b, contempla multas de hasta $2.130 millones de pesos.
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