La situación en la Asociación Sanjuanina de Hockey sobre Césped y Pista se puso más tensa todavía, después de que una abogada vinculada a UDAP presentara una denuncia formal ante la Inspección de Personas Jurídicas solicitando el cese de la intervención a la entidad, asegurando que no ha cumplido con los objetivos para los cuales fue designada y cuestionando seriamente a la actual conducción.
Según el escrito de Mabel Szalankiewicz, desde que el interventor, Aníbal Rojas, asumió el cargo, no se han dado avances significativos para normalizar la situación de la entidad. Destaca que el interventor no ha convocado asambleas ni ha realizado actos formales para encaminar un proceso eleccionario, a pesar de contar con los balances de 2022 y 2023 cerrados y certificados. Además, menciona que la Inspección no ha realizado un control efectivo sobre la gestión del interventor.
Uno de los puntos más críticos mencionados en la denuncia es la entrega del control de la Asociación a una persona ajena a la misma, Rolando Tello, quien no tendría ningún vínculo formal con la Asociación y no habría sido designado ni por la Inspección ni por los asociados. Esto, aseguran, constituye una grave irregularidad en la administración y manejo de la Asociación.
Además, el planteo subraya la falta de transparencia en el manejo de los fondos, mencionando que se cobraron sumas de dinero en efectivo a los padres de los jugadores seleccionados para integrar el equipo de San Juan, sin registro contable ni entrega de recibos. A esto se suman otras irregularidades, como la falta de actas, libros de registros y la no presentación de informes mensuales del interventor, lo que, según los denunciantes, vulnera las obligaciones legales del interventor y de la propia Inspección.
En el ámbito deportivo, la denuncia también apunta a la desorganización de los torneos, la modificación arbitraria de los reglamentos y la falta de premios para los ganadores del torneo clausura, lo cual generó gran descontento entre los jugadores y sus familias.
Por otro lado, se señala una grave situación financiera de la Asociación, que pasó de contar con más de 36 millones de pesos en sus cuentas a enfrentar deudas con entrenadores, árbitros y proveedores. La gestión del interventor ha sido criticada por un manejo deficiente de los fondos, y varios clubes han solicitado información sobre el destino de los recursos sin recibir respuestas.
En cuanto al seguro para los jugadores, se denuncia que el interventor dio de baja la póliza anual contratada por la gestión anterior, dejando a los jugadores sin cobertura en un período crítico. Esto ha generado preocupación entre los clubes y padres, quienes temen por la seguridad de los jugadores ante posibles accidentes.
Desde la parte denunciante explicaron que la entidad que comanda la actividad del hockey sobre césped en la provincia fue intervenida en julio de 2024 y la medida debía finalizar el 20 de diciembre. Sin embargo, el interventor solicitó una extensión de los plazos hasta mayo de 2025.