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legislación

Aborto a mujeres violadas: Sólo dos provincias pueden aplicar fallo de la Corte

Faltan los protocolos provinciales. Sólo Chubut y Santa Fe tienen normas que regulan los casos no punibles, como exhortó la Corte. Para que sea efectivo en el resto del país, se deben adecuar las resoluciones existentes o elaborar nuevas.


jueves, 15 de marzo de 2012

El fallo de la Corte sobre la no judicialización de los abortos no punibles exhortó a las provincias a que apliquen los protocolos pertinentes para que se ejerza el derecho de todas las mujeres que pidan la interrupción del embarazo consecuencia de una violación. Ya hay una Guía y un Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, pero paradójicamente no tienen resolución ministerial. Así, los médicos y las familias actúan como pueden ante cada caso. Desde el silencio hasta la mediatización total. En el medio, se judicializan las historias y cada provincia resuelve a su modo. Hoy sólo Chubut y Santa Fe tienen normas que permiten aplicar en forma efectiva el fallo de la Corte.

“Ya está todo escrito. Está la Guía. Está el protocolo. Ahora hay que empezar a poner en práctica todo lo que ya se escribió. No hay excusas”, dice a Clarín Mabel Bianco, presidenta de Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).

Hace dos años, el Ministerio de Salud difundió la “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles”. El documento contiene más precisiones que una guía previa, diseñada en 2007, cuando el ministro era Ginés González García (ver “Qué...”). Pero cuando se supo de su existencia se armó tal polémica que el ministro Juan Luis Manzur no firmó ninguna resolución. También se lanzó, a fines de 2011, el Protocolo para la Atención Integral de Personas Víctimas de Violaciones Sexuales, que tampoco tiene firma de resolución ministerial.

Clarín se comunicó con el Ministerio de Salud para confirmar si ahora, tras el fallo de la Corte, se firmarán estos documentos. El Ministerio no habla. La postura del Gobierno quedó clara con las declaraciones del ministro de Justicia Julio Alak, quien dijo que la despenalización del aborto “no está en la agenda del Ejecutivo”.

Chubut y Santa Fe son las únicas provincias que hoy tienen protocolos en vigencia que regulan los abortos, habilitando la intervención para los casos no punibles con sólo presentar una declaración jurada. El ministro de Salud santafesino, Miguel Angel Cappiello, aclaró que “este fallo no cambia nada en Santa Fe. Nosotros veníamos trabajando en este sentido. Hicimos una serie de resoluciones que exigían realizar los abortos no punibles en los Hospitales Públicos. Sin ningún tipo de denuncias ni sanción para con los médicos”.

En cambio, Neuquén y Buenos Aires tomaron sus propios lineamientos para actuar ante algunos casos. En los hospitales públicos bonaerenses rige desde hace cuatro años un “decálogo de actuación” que contempla el acceso a “prácticas priorizadas, como el aborto no punible”. El ministro de Salud, Alejandro Collia aclaró que “estos lineamientos serán actualizados a partir del fallo de la Corte Suprema”. Será en jornadas que harán con médicos, abogados y funcionarios judiciales en cada distrito. “El dictamen es muy claro y despejará las dudas de quienes pretendían judicializar estos casos”, dijo el ministro.

El protocolo vigente en Neuquén, en cambio, reduce los casos de violación a casos de “mujeres idiotas o dementes”. El ministro de Salud de la provincia, Rubén Butigué, dijo que interpreta que el fallo de la Corte Suprema de Justicia es un “exhortación” y no “una nueva legislación” y advirtió que por lo tanto en el sistema de salud de Neuquén seguirá aplicando el procedimiento actual.

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, no hay un protocolo vigente y fuentes del Ministerio de Salud porteño consultadas ayer por Clarín indicaron que aún no está en análisis la implementación de uno. Sólo en Tucumán y Santiago del Estero confirmaron que se está evaluando la elaboración de resoluciones. En otros casos, existen proyectos de ley para regular los abortos no punibles que no fueron sancionados o que, como en el caso de La Pampa, fueron vetados por el Ejecutivo (lo que generó una demanda ante la Comisión Imteramericana de Derechos Humanos). Tampoco hay normativas que se adapten al fallo en Entre Ríos, Córdoba, Misiones, Catamarca y Chaco.

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